El viceprimer ministro cubano Óscar Pérez-Oliva Fraga dijo en voz alta lo que el régimen lleva décadas practicando en silencio: el Gobierno de Miguel Díaz-Canel no puede —ni quiere— explicar públicamente todo lo que rodea la actual crisis de combustible. La admisión, hecha sin pudor en la Mesa Redonda, confirma que el secretismo sigue siendo política de Estado.
Según el funcionario, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro, Cuba vive bajo “vigilancia constante” y cada barco con petróleo que se acerca a la Isla es observado, rastreado y comentado en redes sociales. Con ese argumento intentó justificar por qué, a su juicio, “hay cosas que no se pueden estar explicando”. Traducido al cubano de a pie: el pueblo no tiene derecho a saber qué pasa con un recurso vital que decide si hay luz, transporte o comida.
Lejos de ser una novedad, el discurso encaja perfecto en la vieja tradición de opacidad del poder cubano, esa que siempre levanta un enemigo externo para no rendir cuentas. El embargo, la vigilancia, las redes, la conspiración… el libreto es conocido y desgastado, pero sigue siendo útil para tapar la ineficiencia y la improvisación.
Pérez-Oliva Fraga explicó que en febrero se juntaron varios factores que obligaron al Gobierno a tomar decisiones ante una “situación compleja”, supuestamente para garantizar la “vitalidad del país” y los servicios básicos, sin abandonar —según él— el desarrollo económico. Muchas palabras grandes, cero datos concretos.
El alto cargo evitó cuidadosamente hablar de plazos, alcance real de la crisis, impacto en la vida cotidiana de los cubanos o posibilidades reales de recuperación. Todo quedó envuelto en una neblina de frases huecas y advertencias sobre lo que “no se puede decir”.
“No venimos a justificarnos, venimos a informar”, afirmó. Pero el ejercicio informativo del viernes fue, una vez más, un monólogo controlado, donde el régimen decide qué contar, qué esconder y qué declarar “secreto” por razones de seguridad. El manual de siempre, con más de 60 años de uso.
Ni siquiera la reciente promoción del heredero político del clan Castro cambió el tono. El discurso volvió a presentar a Cuba como una plaza sitiada, donde la transparencia es vista como un riesgo y no como un derecho ciudadano. La lógica es clara: mientras menos sepa la gente, más fácil es administrar la escasez y exigir sacrificios.
Desde los primeros años de la dictadura, el régimen ha usado la amenaza externa como excusa para centralizar decisiones, silenciar información y pedirle al pueblo que aguante sin chistar. Hoy, en plena debacle energética, la fórmula se repite sin maquillaje.
El viceprimer ministro insistió en que las medidas buscan “minimizar el impacto” en la población, pero mantuvo un tono paternalista y condescendiente, como si los cubanos no fueran adultos capaces de entender la realidad. Apagones interminables, transporte colapsado, comida escasa y servicios básicos en ruinas parecen no ser razón suficiente para hablar claro.
En un intento clásico de diluir responsabilidades, el funcionario también trasladó parte del peso a provincias y municipios, llamando a “potenciar recursos locales”. La vieja maniobra de repartir culpas cuando el desastre es nacional y estructural.
Todo ese llamado colectivo se hace, además, sin acceso real a la información ni a la toma de decisiones. El Estado decide, administra la miseria y comunica lo mínimo indispensable, mientras exige disciplina, comprensión y sacrificio.
Aunque Pérez-Oliva Fraga reconoció de pasada fallas internas y dijo no escudarse solo en el embargo, su narrativa dejó intactos los pilares del régimen: enemigo externo, excepcionalidad permanente y secreto como herramienta de poder.
En un país donde el Estado controla los recursos, los datos y el relato, la falta de transparencia no es un accidente, es una decisión política. Las declaraciones del viceprimer ministro confirman que, en el momento más crítico de los últimos años, el régimen cubano vuelve a elegir el silencio, la opacidad y el desprecio por la ciudadanía como forma de gobierno.
