En medio del colapso energético que mantiene a Cuba sumida en apagones eternos y con el combustible desaparecido, el Gobierno lanzó un anuncio que suena a bandera blanca y, a la vez, a negocio selectivo. Los trabajadores podrán acceder a módulos solares, mientras se abren “facilidades” para que quienes generen electricidad la vendan incluso a terceros. Dicho en cubano: la luz empieza a convertirse en privilegio.
La explicación salió de boca del viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, durante la Mesa Redonda. Aseguró que el régimen no venía a “justificarse”, sino a informar sobre medidas ante el “desabastecimiento agudo de combustible”. El problema es que la realidad desmiente el discurso: miles de familias pasan noches sin luz, botan comida echada a perder, cargan cubos por falta de agua y viven en un país prácticamente paralizado.
El punto más llamativo —y preocupante— fue la confirmación de que por primera vez entidades y personas que generen electricidad con fuentes renovables podrán venderla directamente a otros consumidores, no solo a la Unión Eléctrica. Empresas, industrias o instituciones con dinero podrán comprar esa energía. El mercado aparece donde el Estado fracasa, pero sin garantías de equidad.
La medida se vendió como incentivo para expandir las renovables en empresas y hogares. Sin embargo, deja al desnudo una verdad incómoda: en un país de salarios estatales que no alcanzan, quien no pueda pagar paneles, baterías y mantenimiento seguirá a oscuras. La desigualdad energética deja de ser amenaza y pasa a ser política.
Durante su intervención, Pérez-Oliva Fraga admitió “deficiencias internas” y dijo no escudarse solo en el embargo. Aun así, volvió a cargar el relato con factores externos y retomó el comodín del secretismo, alegando que “hay cosas que no se pueden explicar públicamente” por vigilancia externa. Opacidad de siempre, ahora con envoltorio verde.
El mensaje de fondo es claro. El Estado reconoce que no puede garantizar electricidad y opta por trasladar la responsabilidad al individuo y al mercado, mientras conserva el control del relato y decide quién accede a las “facilidades”. En la Cuba del apagón permanente, la luz empieza a comprarse y el régimen, lejos de resolver, administra la escasez.
