El Gobierno cubano anunció, con bombos y platillos, que “por primera vez” permitirá que quienes generen electricidad a partir de fuentes renovables puedan vender directamente esa energía a terceros, además de comercializarla con la Unión Eléctrica. Presentada como una gran novedad, la medida llega cuando el sistema eléctrico está al borde del colapso y el Estado ya no puede garantizar ni lo básico.
El anuncio fue defendido en la Mesa Redonda por Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien explicó que hasta ahora cualquier productor —empresa, institución o particular— solo podía entregar su electricidad a la Unión Eléctrica. Ahora, según el discurso oficial, también podrá vendérsela directamente a otras empresas, industrias o instituciones con capacidad de pago. En otras palabras, el monopolio se afloja no por convicción, sino por necesidad.
La decisión se inserta dentro de un paquete de acciones para aumentar la generación eléctrica en medio de una crisis energética que no da tregua. Sin embargo, el trasfondo es evidente: el Estado ya no puede sostener su control absoluto sobre la energía y empieza a delegar el problema en quienes tengan recursos para invertir en paneles, baterías y tecnología, mientras el resto del país sigue a oscuras.
El régimen intenta vender la medida como un incentivo para expandir las fuentes renovables, tanto en empresas como en hogares. Pero en la práctica, abre un mercado desigual, donde solo quienes tengan capital podrán producir y vender electricidad, mientras millones de cubanos siguen dependiendo de un sistema colapsado y de apagones interminables.
En el mismo segmento, las autoridades volvieron a prometer un aumento de la producción nacional de petróleo, incluso desde pozos ya existentes que —según dijeron— podrían rendir más. Para eso, afirmaron que se buscan recursos por “distintas vías” y mediante “negociaciones”, a través de CUPET y asociaciones con compañías extranjeras. Un discurso reciclado que se repite cada vez que la crisis aprieta, sin resultados visibles para la población.
El mensaje oficial también aludió a futuras medidas orientadas al ahorro energético, aunque, como ya es costumbre, sin explicar en qué consistirán ni cómo impactarán realmente en la vida diaria de los cubanos.
Al final, la apertura a la venta directa de electricidad no es una reforma estructural ni una señal de modernización real. Es otro parche improvisado, una admisión tácita de que el modelo centralizado fracasó y de que el Estado ya no puede sostener su propio sistema. Mientras algunos podrán encender luces gracias a paneles solares y contratos privados, la mayoría seguirá viviendo en penumbras, escuchando promesas que llegan siempre tarde y nunca completas.
