Estados Unidos no está dispuesto a poner amnistías ni perdones presidenciales sobre la mesa cuando se habla del futuro de Cuba. Esa línea roja, firme y sin matices, ha sido confirmada por fuentes diplomáticas citadas por ABC, que aseguran que los contactos sostenidos en Ciudad de México entre funcionarios estadounidenses y emisarios del poder cubano se han limitado exclusivamente a temas económicos.
En esas conversaciones, que han tenido lugar lejos de los focos públicos, los interlocutores enviados por Alejandro Castro Espín —general, heredero del aparato de seguridad y pieza clave del castrismo— han intentado explorar escenarios de transición. Pero desde Washington el mensaje ha sido claro: no habrá borrón judicial para la cúpula del régimen.
Las discusiones han girado alrededor de asuntos como el futuro del embargo, la posible venta de petróleo a la Isla y la apertura de sectores estratégicos de la economía cubana a empresas norteamericanas. Negocios, sí. Impunidad, no. Esa es la ecuación que la Casa Blanca no está dispuesta a alterar.
Aunque desde La Habana se ha filtrado la idea de un “diálogo” con Estados Unidos, la realidad es que cualquier proceso de cambio estaría condicionado a reformas económicas profundas y a una apertura real, algo que el régimen promete en discursos pero sabotea en la práctica.
El precedente venezolano pesa. En Washington recuerdan que, pese a ciertos reacomodos políticos en Caracas, las sanciones y órdenes judiciales contra figuras clave del chavismo siguen intactas. No hubo borrón para Diosdado Cabello ni para Vladimir Padrino, y tampoco lo habrá para los responsables del desastre cubano.
En ese contexto, el nombre que más incomoda al régimen es el de Raúl Castro. Sancionado desde 2019, el exmandatario no solo carga con décadas de represión interna, sino también con su papel directo en el sostenimiento del aparato de poder de Nicolás Maduro, hoy procesado en Estados Unidos por narcoterrorismo.
Para Washington, ese vínculo convierte a Raúl Castro en una figura jurídicamente tóxica. Nada garantiza que su nombre no reaparezca en investigaciones paralelas vinculadas al caso venezolano. De hecho, el Departamento de Estado ya dejó claro en su momento que, como jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, es responsable de la violencia y la represión exportadas desde La Habana hacia Caracas.
A eso se suman presiones recientes de congresistas republicanos de Florida, que han pedido reactivar investigaciones por presuntos nexos históricos del castrismo con el narcotráfico. Un expediente que viene arrastrándose desde los años 90, cuando se mencionaban conexiones con el cartel de Medellín y que, por razones políticas, terminó archivado durante la era Clinton.
Otro punto que sigue abierto es el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, un crimen que marcó a fuego la relación entre el régimen cubano y el exilio, y que continúa siendo una herida legal y moral sin cerrar.
Mientras tanto, desde La Habana se habla de “diálogo”, “resistencia” y “tiempos difíciles”, pero la realidad es que el régimen busca oxígeno económico sin asumir responsabilidades políticas ni judiciales. Washington, por ahora, no parece dispuesto a caer en ese juego.
La señal es clara: si hay transición, será sin impunidad. Y eso, para el castrismo, es precisamente el escenario que más teme.
