El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio ayer domingo un volantazo que golpea directo al éxodo cubano. Managua canceló el libre visado para ciudadanos de Cuba con pasaporte ordinario, un beneficio vigente desde noviembre de 2021 y clave en la ruta de escape de miles de isleños. La decisión, conocida a través de una disposición interna del Ministerio del Interior, vuelve a cerrar una de las pocas válvulas que quedaban abiertas.
Desde este 8 de febrero, los cubanos pasan de la categoría migratoria “A”, exentos de visa, a la “C”, visas consultadas sin costo, un cambio que en la práctica levanta un muro burocrático donde antes había un portón abierto. La orden figura en la disposición 001-2026, firmada por el comisionado general Juan Emilio Rivas, jefe de Migración y Extranjería. No fue publicada en La Gaceta, otro clásico de los regímenes que prefieren gobernar en la sombra.
El giro se produce en plena tensión entre Managua y Washington, con Estados Unidos apretando por la liberación de presos políticos y señalando al orteguismo por facilitar la migración irregular. Desde 2024, EE. UU. ha sancionado aerolíneas, vuelos chárter y empresarios por promover esos flujos, y reforzó restricciones de visa y castigos a quienes hacen negocio con el drama humano. El mensaje fue claro: Nicaragua no podía seguir funcionando como corredor sin consecuencias.
La comunicación interna también ordena avisar a la representación consular cubana en Managua y a los consulados nicaragüenses en el exterior, además de notificar al Instituto de Aeronáutica Civil para que las aerolíneas ajusten de inmediato. Transporte terrestre y marítimo quedan igualmente advertidos. Todo rápido y por debajo de la mesa.
Conviene recordar el origen del atajo. En noviembre de 2021, el orteguismo vendió el libre visado como un gesto “humanitario” para impulsar turismo y comercio. La realidad fue otra: Managua se convirtió en el trampolín migratorio más usado por los cubanos rumbo a la frontera sur de EE. UU. En días, los vuelos La Habana-Managua se saturaron, los precios se dispararon y familias enteras se endeudaron o vendieron lo poco que tenían para salir de una Cuba en caída libre.
Para 2023, el flujo alcanzó niveles récord. Las colas frente a agencias de viaje se volvieron paisaje habitual. A pesar de las advertencias sobre los riesgos del cruce por Centroamérica, la desesperación pesó más. El símbolo de ese desespero fue brutal: una enfermera en Holguín ofreció cambiar dos casas por dos pasajes. Cuando la gente prefiere perderlo todo con tal de irse, el diagnóstico no admite maquillaje.
Hoy, esa ruta se cierra de golpe. La decisión de Managua llega bajo presión internacional y con sanciones encima, pero también revela la lógica de los aliados del castrismo: usar y soltar. Mientras el régimen cubano empuja a su gente fuera del país y se lava las manos, el socio regional apaga la luz del pasillo cuando el costo político sube.
Para los cubanos, el golpe es doble. Se achica el mapa de salidas y se confirma que los pactos entre dictaduras no protegen a las personas, solo a los aparatos de poder. El éxodo no se detiene; se vuelve más caro y peligroso. Y otra vez, quienes pagan la factura son los de abajo, no los que gobiernan a fuerza de silencio y represión.
