La crisis energética ya no es un problema sectorial ni localizado: la Salud Pública en Cuba entera funciona hoy en modo emergencia. Directivos del sector han reconocido, a través de la prensa oficialista, que se están aplicando medidas urgentes en todas las provincias para sostener la asistencia médica ante el déficit de combustible y los apagones prolongados que asfixian al país.
La prioridad declarada es mantener la llamada “vitalidad” de las instalaciones sanitarias, desde policlínicos y hospitales hasta hogares maternos, de ancianos y Casas de Abuelos. En la práctica, eso se traduce en recortes, reorganizaciones forzadas y una atención cada vez más limitada, centrada casi exclusivamente en el programa materno-infantil, pacientes oncológicos, urgencias médicas y personas en hemodiálisis.
En todo el país se ha confirmado la suspensión de las cirugías electivas, manteniéndose solo las urgentes, las oncológicas y algunas pediátricas, siempre “previa evaluación”. La consulta externa no desaparece, pero se reordena para reducir consumo eléctrico, lo que implica menos turnos, menos especialidades activas y más espera para los pacientes. La consigna es clara: atender al que llegue, si hay luz, personal y condiciones.
Uno de los puntos más sensibles es la hemodiálisis. Ante la imposibilidad de garantizar traslados frecuentes y electricidad estable, se ha optado por ingresar a pacientes de forma prolongada para asegurarles el tratamiento varias veces por semana. Oficialmente se repite que nadie quedará sin atención, pero el costo humano y emocional de estas decisiones recae, como siempre, en las familias.
La oncología es otro frente crítico. La radioterapia depende totalmente del suministro eléctrico y de grupos electrógenos que funcionan al límite. Las autoridades aseguran que los servicios siguen activos, aunque reconocen que cualquier fallo energético puede paralizar tratamientos vitales. En varias provincias se han habilitado ingresos hospitalarios preventivos para pacientes oncológicos, una señal clara de la fragilidad del sistema.
La crisis también ha obligado a reordenar masivamente al personal sanitario. Médicos y residentes que antes se trasladaban entre municipios han sido reubicados cerca de sus viviendas para reducir consumo de combustible. En el caso de la enfermería, se han creado brigadas que permanecen en los hospitales por períodos prolongados, trabajando turnos extensos, una fórmula reciclada de los tiempos del COVID-19 que vuelve a imponerse por pura necesidad.
Servicios estratégicos como vacunas y bancos de sangre han sido trasladados a hospitales con electricidad “protegida”, mientras el transporte sanitario se reduce a lo estrictamente imprescindible. Las ambulancias disponibles se destinan solo a emergencias reales, en un país donde cada vez es más difícil definir qué no es urgente.
Los grandes hospitales provinciales operan bajo planes de contingencia permanentes. Se concentran pacientes, se cierran salas, se ajustan horarios, se escalonan recogidas de medicamentos y se optimiza hasta el último litro de diésel para mantener cocinas, lavanderías y esterilización. Las autoridades insisten en que el combustible para los grupos electrógenos “está garantizado”, aunque la experiencia reciente demuestra que esas garantías suelen durar poco.
Como solución de futuro, se vuelven a mencionar proyectos de paneles solares, apoyados por cooperaciones extranjeras. Se reconoce abiertamente que no cubrirán todo el consumo, apenas áreas críticas como terapias intensivas y salones de operaciones. Es decir, parches tecnológicos para un sistema estructuralmente colapsado.
