El aparato propagandístico del régimen cubano volvió a cruzar una línea peligrosa. El vocero oficialista Michel E. Torres Corona lanzó públicamente la idea de equiparar el apoyo al presidente estadounidense Donald Trump con el nazismo y usar esa comparación como base legal para sancionar y arrestar ciudadanos en la isla. No es un exabrupto aislado. Es una propuesta de represión con nombre y apellidos.
En un largo texto publicado en Facebook, Torres Corona se apoyó en la legislación alemana para justificar su tesis. Citó que en Alemania se castiga penalmente la negación del Holocausto y la propaganda nazi, incluyendo símbolos, imágenes o expresiones de apoyo a Hitler. A partir de ahí, dio el salto autoritario: usar ese mismo razonamiento para castigar en Cuba a quien no repita la narrativa oficial sobre Estados Unidos.
Según su lógica, la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado deberían “pensar en una ley especial” que sancione a quienes, según el régimen, niegan el supuesto “genocidio” que atribuyen al embargo. En otras palabras, convertir la opinión política en un delito, redactado a la medida del Partido Comunista.
Torres Corona fue aún más lejos al proponer que esa ley también prohíba eslóganes, símbolos o vestimenta asociada al trumpismo, al que describió como una corriente ligada al neofascismo. El mensaje es transparente: no se persiguen actos violentos ni delitos reales, se persiguen ideas.
El tono se volvió abiertamente inquisitorial cuando afirmó que todo discurso a favor de Trump debería considerarse traición a la Patria. No por hechos concretos, sino por lo que llamó “valores reaccionarios” y por la supuesta amenaza del “imperio” a la seguridad nacional. El libre pensamiento, una vez más, presentado como enemigo interno.
Aunque intentó maquillarlo diciendo que no se deben “legalizar penas de prisión” como norma general, dejó claro que la cárcel debe reservarse para reincidentes y para quienes colaboren con el enemigo, sobre todo si hay “ánimo de lucro”. Y ahí soltó la frase que resume la mentalidad del régimen: “en esos casos debe reservarse la mazmorra”. Lenguaje medieval para una política igual de oscura.
El vocero incluso propuso someter esa ley a consulta y referendo popular, hablando de la “voluntad del pueblo cubano”. Un cinismo mayúsculo en un país sin elecciones libres, sin prensa independiente y con presos políticos por opinar.
Nada de esto ocurre en el vacío. El post apareció días después de la detención en Holguín de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto independiente El4tico, arrestados en un operativo policial donde les confiscaron computadoras, cámaras y equipos de trabajo. La represión tiene contexto y objetivos claros.
Tras esos arrestos, la Embajada de Estados Unidos en Cuba exigió su liberación, mientras artistas, intelectuales e influencers denunciaron que se trata de un castigo directo al pensamiento crítico. Voces como Luis Alberto García Novoa, Kristoff Kriollo y Alina Bárbara López Hernández coincidieron en lo esencial: aquí no se persiguen símbolos, se persigue la independencia mental.
En paralelo, figuras del oficialismo como Gerardo Hernández Nordelo se sumaron a la campaña de linchamiento público contra El4tico y quienes los apoyan, reforzando el viejo libreto del régimen: criticar es traicionar.
Lo que plantea Torres Corona no es un debate teórico ni una provocación inocente. Es el intento de construir un marco “legal” para encarcelar por pensar, para castigar opiniones políticas y para blindar un poder que se siente cada vez más acorralado. Mientras los jóvenes de El4tico siguen detenidos y crece la condena internacional, el régimen deja claro su miedo. Cuando un sistema necesita prohibir ideas, es porque ya perdió la batalla moral.
