Lo que parecía ser un lunes cualquiera terminó convirtiéndose en tremendo espectáculo policial en pleno centro de Santiago de Cuba. Vecinos de la calle Mejorana, entre Princesa y Santa Rosa, se despertaron —o se pusieron en alerta— con un despliegue de patrullas y agentes que, según cuentan, no se ve todos los días. La intervención habría tenido lugar en al menos dos viviendas de la zona, generando tensión, curiosidad y, sobre todo, muchas preguntas sin respuesta.
La situación comenzó a conocerse públicamente gracias a una publicación del comunicador independiente Yosmany Mayeta en Facebook. Según su reporte, el operativo terminó con la ocupación de varios pomos de gasolina, algunos llenos y otros vacíos, lo que de inmediato encendió las alarmas sobre una posible red de reventa ilegal de combustible en el área.
Durante horas, el movimiento policial mantuvo en vilo a los residentes. Patrullas entrando y saliendo, agentes registrando, vecinos mirando desde las aceras… pero ni una sola explicación oficial. El silencio de las autoridades solo alimentó los rumores y la incertidumbre en el barrio.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el procedimiento habría sido dirigido por un oficial identificado como Maykel Sanz, presuntamente vinculado al DTI. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación pública ni sobre las causas exactas del operativo ni sobre posibles detenidos.
Aunque al principio predominaban el nerviosismo y el chisme de pasillo, poco a poco comenzó a imponerse una teoría: el operativo estaría relacionado con la reventa ilegal de combustible, un negocio que ha crecido al mismo ritmo que la escasez en el país.
Y es que la escena no puede analizarse aislada del contexto actual. Cuba atraviesa un colapso energético que ha dejado paralizados sectores enteros: transporte, producción, servicios… y por supuesto, la vida cotidiana de la gente.
Con la gasolina convertida en un bien casi de lujo —escaso y carísimo—, el mercado informal ha encontrado terreno fértil. Donde el sistema estatal no logra garantizar suministro estable, aparecen revendedores que llenan el vacío… a precios que muchos califican de abusivos.
No es algo nuevo. Cada vez que falla la distribución oficial, surgen redes paralelas que terminan controlando el acceso real a los recursos. Y el combustible no ha sido la excepción.
Los comentarios en la publicación de Mayeta Labrada reflejan claramente ese malestar social. Para muchos, el problema de fondo no son los revendedores, sino el desorden estructural que obliga a la gente a “resolver” por fuera del sistema.
Un emigrado desde Estados Unidos criticó que se monte “un espectáculo” policial cuando el combustible se vende en dólares, accesible solo para quienes reciben ayuda del exterior. Según su criterio, la reventa es consecuencia directa de esa política económica excluyente.
Otro usuario fue más duro aún, señalando la supuesta hipocresía oficial: cuando había combustible nadie perseguía a nadie, pero ahora que falta, van contra quienes logran conseguirlo para sobrevivir.
También hubo voces que pidieron organización antes que represión. Un padre de familia opinó que, si la venta estuviera bien estructurada, nada de esto pasaría. Para él, la solución no es detener personas, sino eliminar las causas que generan el problema.
Una doctora resumió el sentir de muchos con una frase que se repite cada vez más en redes: que “los únicos autorizados a robar son ellos”, mientras el pueblo sigue lidiando con la miseria diaria.
Claro, no todos piensan igual. Algunos usuarios sí celebraron el operativo y pidieron mano dura contra lo que consideran mafias organizadas alrededor del combustible, mencionando incluso redes vinculadas a CUPET y la especulación de precios.
Pero incluso entre quienes aplauden las redadas hay una coincidencia incómoda: mientras no haya combustible suficiente ni un sistema de distribución transparente, el mercado negro seguirá existiendo.
Por eso, para muchos, lo ocurrido en la calle Mejorana no soluciona el problema de raíz. La crisis energética no se resuelve con operativos aislados, sino con abastecimiento real, control efectivo y precios que la población pueda pagar.
Mientras tanto, cada intervención policial refuerza una percepción creciente: que el Estado perdió capacidad de gestionar lo esencial y ahora intenta contener, con presión, las consecuencias de esa ineficiencia.
La propia publicación de Mayeta cerró señalando que se trata de “una información en desarrollo”. Sin partes oficiales, lo único claro es la imagen que queda: policías ocupando pomos de gasolina en casas del centro de Santiago, en un país donde la falta de combustible tiene a todos —literalmente— detenidos.
