El ministro de Salud de Frank Anthony, funcionario del gobierno de Guyana, soltó una frase que en La Habana debió caer como un jarro de agua fría. El acuerdo bilateral de cooperación médica con Cuba quedó oficialmente terminado. ¿La explicación? Según dijo, “ya no es necesario”, porque los profesionales cubanos ahora llegan por su cuenta a buscar trabajo.
La declaración, ofrecida al medio Kaieteur News, deja claro que Georgetown no cierra la puerta a médicos y enfermeros de la Isla. Pero el mensaje es otro. El Estado guyanés ya no quiere intermediarios políticos ni convenios gubernamentales. Quien desee trabajar deberá presentarse de forma individual, mostrar credenciales y someterse a las mismas reglas que cualquier especialista local.
Traducido al lenguaje menos diplomático: el esquema estatal cubano pierde terreno. Guyana se desmarca de un modelo que durante años sirvió al régimen como fuente de divisas y herramienta de influencia exterior.
En medio de la polémica internacional que rodea a las llamadas “misiones médicas”, Anthony negó que la decisión responda a presiones de Estados Unidos. Insistió en que no hubo “una razón específica”. Sin embargo, el contexto pesa. Washington lleva tiempo denunciando estos programas por supuestas prácticas de explotación laboral y restricciones a los profesionales enviados por el gobierno cubano.
El propio ministro subrayó que su país actúa bajo su legislación laboral y dentro de estándares compatibles con expectativas internacionales. Una afirmación que, sin decirlo abiertamente, marca distancia con el modelo controlado desde La Habana.
Mientras tanto, el efecto dominó sigue corriendo por la región. En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Godwin Friday anunció un plan para reducir gradualmente la dependencia del personal médico cubano. El argumento oficial habla de “localización” del sistema sanitario, barreras idiomáticas y costos operativos.
Detrás del lenguaje técnico, la señal es evidente. Otro socio tradicional ajusta su relación con Cuba en un sector que el régimen ha convertido en uno de sus principales negocios de exportación.
El debate sobre la influencia estadounidense tampoco ha estado ausente. Figuras políticas locales han cuestionado si estas decisiones responden a presiones externas. Pero más allá de las versiones, la tendencia regional resulta difícil de ignorar.
Bajo la administración de Donald Trump, la política hacia las misiones médicas cubanas se endureció. Marco Rubio anunció restricciones de visado dirigidas a funcionarios y presuntos beneficiarios del sistema. Paralelamente, representaciones diplomáticas estadounidenses en el Caribe han promovido públicamente alternativas de contratación consideradas “éticas”.
La onda expansiva llegó también a Guatemala, donde el gobierno de Bernardo Arévalo comunicó el inicio de un proceso de finalización progresiva del programa de médicos cubanos, vigente por casi tres décadas. Las autoridades guatemaltecas hablan de análisis técnicos y fortalecimiento del sistema nacional de salud.
Pero en la práctica, cada cancelación implica lo mismo para La Habana: menos ingresos, menos control, menos oxígeno financiero.
El relato oficial cubano suele presentar estas misiones como gestos solidarios. Sin embargo, en numerosos países crece la incomodidad con un mecanismo donde los gobiernos pagan al Estado cubano y no directamente a los profesionales. Una estructura que ha sido objeto de críticas constantes por parte de organizaciones de derechos humanos.
En un escenario económico asfixiante para Cuba, la pérdida de convenios médicos no es un detalle menor. Se trata de uno de los pocos rubros capaces de generar divisas de forma relativamente estable. Cada contrato que se cae amplifica la fragilidad de un modelo que depende, cada vez más, de acuerdos políticos y subsidios externos.
