A las puertas del 30 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, cuatro congresistas cubanoamericanos movieron el tablero político en Washington. Los legisladores solicitaron al presidente Donald Trump que impulse cargos criminales contra Raúl Castro, señalándolo como presunto responsable dentro de la cadena de mando militar cubana en 1996.
La petición, formalizada en una carta fechada el 13 de febrero de 2026, lleva las firmas de Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis. En el documento, instan al Departamento de Justicia a considerar una acusación contra el exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por el derribo de dos aeronaves civiles en aguas internacionales.
El episodio al que aluden sigue siendo uno de los más sensibles en la historia reciente entre Cuba y Estados Unidos. El 24 de febrero de 1996 murieron cuatro hombres vinculados a misiones humanitarias, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, en un suceso que generó amplia condena internacional.
Los congresistas argumentan que Raúl Castro, entonces titular de Defensa, habría tenido responsabilidad directa o indirecta en la decisión que condujo al ataque. Para sustentar su reclamo, citan referencias periodísticas históricas y material difundido en su momento por medios estadounidenses.
Más allá del componente jurídico, la iniciativa posee un peso simbólico considerable. Treinta años después, el caso continúa siendo una herida abierta dentro del exilio cubano, donde persiste la percepción de que los máximos responsables políticos nunca enfrentaron consecuencias penales.
En declaraciones públicas, los legisladores insistieron en la necesidad de rendición de cuentas. La idea central es clara: el paso del tiempo no debería diluir responsabilidades en hechos que, según sostienen, constituyeron violaciones graves del derecho internacional.
La misiva también plantea la posibilidad de mecanismos adicionales, como la evaluación de alertas internacionales. Aunque estos escenarios suelen enfrentar complejos obstáculos legales y diplomáticos, el solo planteamiento refuerza la carga política del gesto.
El derribo de las avionetas fue investigado en su momento por organismos internacionales. Determinaciones técnicas concluyeron que las aeronaves no se encontraban en espacio aéreo cubano al ser abatidas, un punto que históricamente ha alimentado controversias y reclamos.
Con esta nueva ofensiva política, el caso regresa al debate público estadounidense. En un contexto bilateral ya cargado de tensiones, la solicitud de los congresistas reintroduce un capítulo que combina memoria, justicia y geopolítica en una mezcla difícil de ignorar.
