La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar volvió a encender la discusión sobre Cuba, esta vez apuntando directamente a lo que considera una maniobra del régimen en medio del colapso energético que asfixia a la isla. Su mensaje fue frontal, sin rodeos. Según denunció, las mipymes estarían siendo utilizadas como vía para importar combustible y esquivar sanciones, un movimiento que, lejos de generar alivio, levanta más sospechas.
Desde su cuenta en X, Salazar recordó que este escenario no la toma por sorpresa. Insistió en que desde hace meses se viene alertando sobre la naturaleza de muchas de estas empresas privadas, que —según su criterio— no serían tan independientes como se presenta oficialmente. Habló de familiares, testaferros y figuras cercanas al poder que habrían encontrado en las mipymes un canal para operar con divisas y acceder al sistema financiero estadounidense.
La polémica surge justo cuando comienzan a circular reportes sobre importaciones de combustible gestionadas por actores no estatales. Fuentes citadas en dichos informes sugieren que ya existirían envíos desde México y Florida, en operaciones descritas como discretas. En un país donde la escasez de gasolina paraliza transporte, negocios y rutinas enteras, la noticia no pasó inadvertida.
Todo ocurre apenas días después del anuncio del ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien aseguró que el Gobierno permitiría a las empresas adquirir carburantes en el exterior. El discurso oficial habló de diversificación, de flexibilización y de oportunidades. Pero en la práctica, la realidad luce bastante más enredada.
Aunque la narrativa sugiere apertura, las propias mipymes han explicado que el camino está lejos de ser libre. Procedimientos, permisos, certificaciones y, sobre todo, la obligatoriedad de operar mediante importadoras estatales, marcan el proceso. Empresas como QUIMIMPORT o MAPRINTER continúan siendo el embudo por el que debe pasar cualquier operación. A eso se suman seguros en ESICUBA y almacenamiento en instalaciones controladas por entidades estatales.
En la calle y en las redes, la reacción ha sido de escepticismo. No pocos cubanos se preguntan cuánto terminará costando realmente el combustible bajo este esquema. Intermediarios, trámites y estructuras estatales suelen traducirse en precios más altos, y en un contexto inflacionario, la preocupación es lógica. La sensación general es que el consumidor podría terminar pagando la factura de un sistema diseñado para sostener controles más que soluciones.
Las dudas no son solo económicas. También hay cuestionamientos de fondo. Muchos recuerdan que hasta hace poco estas operaciones eran impensables, lo que ha generado comentarios cargados de ironía. La pregunta que circula con insistencia es simple pero demoledora: si ahora se puede, ¿por qué antes no?
Mientras tanto, las autoridades guardan silencio sobre detalles clave. No se conocen márgenes comerciales, tarifas ni plazos concretos. Sin esa información, resulta difícil medir si esta flexibilización aliviará realmente la crisis o si, como advierten voces críticas, se trata de otra reconfiguración del mismo modelo de control económico.
Para la mayoría de los cubanos, el debate trasciende tecnicismos y discursos políticos. La gasolina en Cuba dejó de ser un simple insumo. Hoy es sinónimo de movilidad, de supervivencia cotidiana, de poder cocinar, trasladarse o mantener vivo un negocio. Cada litro cuenta, cada anuncio genera expectativa y cada decepción pesa.
