En la Cuba de hoy, donde la crisis energética ya no es noticia sino rutina, cada litro de combustible se ha convertido en un bien casi de lujo. Pero en medio de la escasez generalizada, hay escenas que siguen repitiéndose con puntualidad casi matemática: caravanas de patrullas recorriendo calles, operativos visibles y despliegues policiales en zonas consideradas “sensibles”.
El contraste salta a la vista. Mientras hospitales, ambulancias y transporte público operan bajo restricciones severas, el combustible parece no faltar cuando se trata de reforzar la presencia de las fuerzas del orden. La gasolina, que debería aliviar la vida cotidiana, termina alimentando la maquinaria del control.
No se trata de un fenómeno aislado ni reciente. Observadores y ciudadanos lo describen como parte de una lógica profundamente arraigada en el funcionamiento del sistema: primero la autoridad, después las soluciones. En un país donde la movilidad se paraliza por falta de carburante, la prioridad oficial parece dibujar otra jerarquía.
Las patrullas visibles, la vigilancia constante y las citaciones “preventivas” se integran en una dinámica que muchos identifican como estrategia de contención. La presencia policial no solo ocupa el espacio físico, también envía un mensaje simbólico en medio del desgaste social.
Cuando el combustible escasea para servicios esenciales, cada operativo adquiere un peso adicional. No es solo gasolina quemada, es un recurso que deja de llegar a sectores críticos como la salud, la distribución de alimentos o el transporte colectivo.
La narrativa oficial, sin embargo, se mueve en otra dirección. Hacia el exterior, el discurso insiste en la existencia de una crisis humanitaria y en la necesidad de apoyo internacional. La retórica apela a sanciones, bloqueos y factores externos como explicación central del colapso energético.
Pero dentro del país, la percepción de muchos ciudadanos es distinta. Críticos del modelo señalan una contradicción difícil de ignorar: se limitan actividades económicas, se restringen márgenes de iniciativa privada y se mantienen férreos controles internos, mientras se argumenta escasez estructural.
El debate de fondo no gira únicamente en torno al combustible. Se conecta con la gestión de recursos, las prioridades estatales y la distribución de bienes en un contexto donde la vida cotidiana se ha vuelto una carrera de obstáculos marcada por apagones y carencias.
En la práctica, la gasolina adquiere una dimensión que trasciende lo material. Se transforma en símbolo de poder, control y administración política. Quien decide hacia dónde fluye el combustible, decide también qué sectores respiran y cuáles se asfixian.
La sensación de desgaste social se alimenta precisamente de estos contrastes. Apagones prolongados, transporte interrumpido y escasez de bienes básicos conviven con despliegues de autoridad que muchos interpretan como recordatorios de fuerza más que de protección ciudadana.
Si la prioridad fuera rescatar al país del colapso cotidiano, la lógica indicaría reforzar servicios públicos, salud e infraestructura básica. Pero cuando el foco se desplaza hacia la vigilancia y la presencia policial constante, el mensaje percibido es otro.
