Las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba empezaron a moverse, calculadora en mano y paciencia en reserva, tras el anuncio oficial que promete permitir la importación de combustible. El mensaje vino del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, quien aseguró el 7 de febrero de 2026 que el Estado dará luz verde a las empresas con capacidad de comprar carburantes fuera del país.
Según sus palabras, la intención es “diversificar los importadores de combustible”. Traducido al cubano de a pie: más actores podrían traer gasolina o diésel, siempre bajo la sombra del aparato estatal. La frase suena a apertura, aunque muchos la leen como otra jugada controlada desde arriba.
Mientras el discurso oficial hablaba de facilidades, en redes sociales comenzaron a circular detalles prácticos. La mipyme Sonicarpa SRL publicó en Facebook las condiciones que, de acuerdo con su explicación, deberían cumplir las Formas de Gestión No Estatal interesadas en importar petróleo o derivados.
El proceso, lejos de ser un simple trámite comercial, dibuja un camino cargado de sellos y autorizaciones. Las empresas tendrían que demostrar dónde y cómo almacenarán el combustible, obtener avales de seguridad contra incendios y formalizar acuerdos internos que justifiquen el destino del producto. Todo esto antes de siquiera pensar en el primer litro.
Pero hay un punto que ha encendido el debate. La importación no sería directa: las mipymes tendrían que operar mediante importadoras estatales como QUIMIMPORT o MAPRINTER, que asumirían la gestión de la compra. En la práctica, el sector privado compra, pero el Estado intermedia y cobra. Nada nuevo en la isla.
También se menciona la necesidad de asegurar tanques y áreas de almacenamiento, además de la posibilidad de contratar depósitos en instalaciones de CUPET u otras entidades estatales. Otra capa de costos en un escenario donde cada centavo cuenta y cada permiso puede tardar una eternidad.
El anuncio llega en medio de una crisis energética que no da tregua. Apagones frecuentes, transporte golpeado y una escasez de combustible que ha paralizado negocios y rutinas. En ese contexto, la medida parece menos una reforma estructural y más un intento de trasladar responsabilidades sin soltar el control.
No pocos usuarios en redes reaccionaron con ironía. Algunos se preguntan por qué algo que hoy se presenta como viable estuvo prohibido durante años. Otros ponen el foco en los impuestos, comisiones y tarifas que podrían convertir la importación en un lujo inalcanzable para la mayoría de las mipymes.
Una opinión repetida resume el sentir de muchos: si ahora se puede importar combustible, ¿quién lo impedía antes?. La duda no es menor en un país donde el Estado ha monopolizado históricamente los recursos estratégicos y donde cualquier “flexibilización” suele venir acompañada de nuevas ataduras.
Tampoco faltan los escépticos que anticipan trámites interminables, laberintos burocráticos y el fantasma siempre presente de decomisos o regulaciones cambiantes. En Cuba, las reglas pueden mutar más rápido que los anuncios oficiales.
Una minoría, sin embargo, ve una posible ventana de oxígeno. La idea de que el sector privado pueda contribuir a aliviar la escasez genera cierto optimismo, aunque condicionado por la realidad de costos, controles y márgenes aún desconocidos.
Y ahí está el gran vacío. Hasta ahora no se han publicado cifras claras sobre tarifas, tiempos de aprobación ni condiciones comerciales. Sin esos datos, cualquier entusiasmo es puro acto de fe. En la economía cubana, los detalles no son técnicos: son la diferencia entre operar o desaparecer.
Por el momento, las mipymes hacen cuentas y evalúan riesgos. El Gobierno habla de autorizaciones. La calle, como siempre, espera resultados. Porque en Cuba, más que anuncios, lo que falta es combustible… y certezas.
