En medio de la asfixiante realidad cubana, donde cada decisión personal parece pasar por el filtro del poder, un muchacho de apenas 19 años terminó en el centro de la polémica. La razón no fue un delito común, sino algo mucho más revelador del clima que se vive en la Isla: negarse a cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO).
El hecho ocurrió en Río Cauto, provincia de Granma. Allí, Enmanuel Espinosa Jorge fue sancionado con una multa de 7.000 pesos cubanos (CUP), según una denuncia que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La historia salió a la luz a través del perfil de Facebook de Alexander Verdecia Rodríguez, donde su esposa, la opositora Eliannis Villavicencio Jorge, decidió hacerlo público.
En su publicación, Eliannis no dejó espacio para las medias tintas. Contó que un funcionario del SMO se presentó en su vivienda para imponer la sanción. La cifra, nada simbólica en un país donde los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, cayó como un mazazo. Pero más allá del monto, lo que sacudió a muchos fue el trasfondo humano y político del caso.
La joven explicó que ni su hermano ni su familia desean verlo vestido con un uniforme militar. El temor, confesó, no es abstracto. El miedo a que algo le ocurra durante el servicio pesa más que cualquier amenaza administrativa. En sus palabras se percibe una mezcla de angustia y cansancio, demasiado común entre familias cubanas.
También dejó clara la postura del muchacho, que —según relató— no se considera opositor, pero rechaza la idea de formar parte de una estructura que muchos ciudadanos asocian con la represión interna. No quiere ser utilizado por un sistema en el que no cree, vino a decir entre líneas.
El testimonio añadió un episodio anterior que vuelve todavía más sensible la historia. Villavicencio recordó que en 2016 su hermano, siendo menor, fue enviado a una institución estatal tras una detención de ella. Durante horas, asegura, la familia desconoció su paradero. Son recuerdos que no se evaporan y que ayudan a entender la desconfianza actual.
Las imágenes compartidas junto a la denuncia muestran documentos oficiales. En ellos aparece el acta de imposición de la multa, fechada el 16 de febrero de 2026, además de la citación emitida por el Comité Militar. Todo bajo el amparo de la Ley No. 75 de la Defensa Nacional, marco legal que sostiene el carácter obligatorio del SMO.
El caso adquiere otra dimensión al considerar el entorno familiar. Eliannis es esposa de Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la Unpacu en Río Cauto, encarcelado desde 2025. Sobre él pesa una petición fiscal de diez años de prisión por publicaciones críticas. Una familia ya golpeada por la maquinaria punitiva del Estado vuelve a enfrentar ahora otra sanción.
Como suele suceder en Cuba, la discusión pública no se dio en medios oficiales, sino en redes sociales. Tras difundirse la noticia, numerosos usuarios expresaron respaldo al joven. Las reacciones reflejan una fatiga social evidente, especialmente entre padres que ven el servicio militar más como una imposición que como un deber cívico.
Otros internautas, sin embargo, recordaron que la normativa vigente contempla sanciones por no comparecer ante las autoridades militares. Desde la aprobación del Decreto 103/2024, las multas por este tipo de incumplimientos pueden alcanzar precisamente los 7.000 CUP. La ley existe, sí, pero la controversia gira en torno a su legitimidad moral en el contexto actual.
