La eterna crisis de combustible en Cuba volvió a colarse en la agenda del poder. El tema dominó la reunión mensual del Gobierno celebrada el 16 de febrero, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero, en un escenario donde los apagones y la falta de carburante ya forman parte del paisaje cotidiano.
Durante el encuentro, el discurso oficial giró alrededor de la necesidad de “sustituir combustibles”. Una frase que suena ambiciosa, pero que en la realidad cubana suele traducirse en más consignas que resultados palpables. Marrero insistió en la urgencia de buscar alternativas a nivel territorial, apelando a soluciones locales como si la crisis energética fuera un simple problema administrativo.
El primer ministro remarcó que la sustitución de combustibles es, según sus palabras, una necesidad impostergable. También habló de controles más estrictos y seguimiento riguroso. Más supervisión, más vigilancia, más de lo mismo, en un país donde los problemas estructurales no se resuelven con reuniones ni orientaciones recicladas.
El contexto no podía ser más evidente. Cuba arrastra una combinación explosiva de escasez de combustibles, deterioro tecnológico y una infraestructura energética que hace aguas por todas partes. Mientras la población lidia con cortes eléctricos interminables, desde las altas esferas se insiste en fórmulas que llevan años sin ofrecer alivio real.
Uno de los momentos más llamativos fue el reconocimiento al sector privado. Marrero admitió públicamente que las formas de gestión no estatales, incluidas las mipymes cubanas, han jugado un papel en la importación de combustibles. Un giro curioso, considerando la retórica histórica del propio sistema contra estos actores económicos.
Según el funcionario, las mipymes han contribuido a mantener operativos ciertos centros considerados estratégicos. La declaración no pasó inadvertida. En medio del colapso energético, el Estado parece aceptar —aunque sin decirlo abiertamente— que depende cada vez más de iniciativas que antes miraba con recelo.
Este reconocimiento llega poco después de que el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, anunciara que las empresas podrán adquirir combustible en el exterior. La medida fue presentada como una diversificación de importadores, una especie de apertura forzada por la necesidad más que por convicción.
El anuncio, como era de esperar, encendió el debate en redes sociales. Las dudas no tardaron en aparecer. ¿Quién fija los precios? ¿Cómo funciona la intermediación estatal? ¿Impactará esto en el costo final para la población? Preguntas legítimas en un entorno donde la opacidad informativa es casi norma.
Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles concretos sobre márgenes comerciales ni tiempos de aprobación. Y ahí mismo radica el escepticismo. En Cuba, la ausencia de información clara suele ser tan elocuente como cualquier comunicado oficial.
