El régimen cubano puso fecha al cambio que muchos temían y pocos creían tan inminente. A partir de abril, la venta de productos en las bodegas dejará de operar bajo las reglas tradicionales de la libreta de abastecimiento. La noticia, amplificada por la prensa oficial, llega en un momento donde la economía doméstica ya camina en la cuerda floja.
Según la versión publicada por Tribuna de La Habana, los artículos pasarán a clasificarse como controlados o “liberados”. La etiqueta suena técnica, pero el detalle que verdaderamente pesa es otro: todos los productos tendrán precios más altos que los actuales. En un país donde el salario pierde valor casi a diario, la señal no es menor.
La decisión aterriza como ejecución directa del mantra repetido por Miguel Díaz-Canel: “subsidiar a personas y no a productos”. Sobre el papel, la frase pretende sonar racional. En la mesa de cualquier familia cubana, la lectura es distinta. Se diluye el último refugio de precios bajos que aún sobrevivía en la bodega.
El rediseño del esquema fue debatido inicialmente en el Consejo de la Administración Municipal de Cotorro. Sin embargo, las autoridades evitaron entrar en la zona incómoda: cuánto costarán los alimentos bajo la nueva modalidad. La ausencia de cifras concretas no calmó inquietudes; las multiplicó.
El nuevo modelo añade otra variable que no pasó inadvertida. La disponibilidad de productos dependerá de la capacidad productiva de cada territorio. Traducido al lenguaje cotidiano, significa que el abastecimiento ya no será un compromiso centralizado, sino una responsabilidad fragmentada. Si falta comida, la culpa baja de nivel.
En un escenario marcado por inflación persistente, mercados vacíos y cadenas logísticas fracturadas, la reforma se percibe como algo más que un ajuste administrativo. Para muchos, representa el desmontaje silencioso del sistema de racionamiento tal como se conocía, ese que durante décadas funcionó como red mínima de supervivencia.
El problema no es solo económico, es psicológico. La libreta, con todas sus limitaciones, ofrecía cierta previsibilidad. Un marco, aunque estrecho, donde las familias podían calcular gastos esenciales. Con precios liberados y costos inciertos, esa frágil estabilidad se resquebraja.
La narrativa oficial insiste en eficiencia, sostenibilidad y reorganización. Pero en la calle el cálculo es simple y brutal. Más caro en un contexto donde casi todo ya resulta impagable. La matemática del día a día no necesita grandes análisis: cuando suben los precios, el plato se achica.
La falta de transparencia en los montos refuerza la sensación de improvisación permanente. Anunciar cambios estructurales sin detallar cifras en medio de una crisis prolongada no genera confianza. Genera ansiedad, especulación y, sobre todo, desconfianza acumulada.
Mientras tanto, la población observa cómo se redefine uno de los pocos mecanismos que aún amortiguaban el impacto de la crisis. La bodega, más allá de su simbolismo histórico, seguía siendo un punto vital para quienes no tienen acceso a divisas ni a mercados alternativos.
La reforma, presentada como evolución inevitable, deja una impresión difícil de disimular. El Estado se retira gradualmente del subsidio directo a productos esenciales, trasladando el peso del ajuste al consumidor final. Y en Cuba, ese consumidor ya llega exhausto.
