En pleno desplome del sistema eléctrico cubano, Las Tunas encendió la alarma con una decisión que retrata la gravedad del momento. Las autoridades comenzaron a cortar la electricidad a empresas estatales y privadas que excedieron los límites de consumo. No es una medida aislada ni técnica. Es el síntoma de un país donde la energía ya no se administra, se raciona con mano dura.
El Periódico 26 puso la noticia sobre la mesa. La Onure anunció desconexiones de hasta 72 horas, o más si hace falta, para quienes incumplan los planes energéticos. En el lenguaje oficial suena a disciplina. En la realidad cotidiana, suena a castigo eléctrico en medio del apagón permanente.
Maritza González Llorente, directora provincial de la Onure, defendió la jugada como parte de un paquete de “medidas especiales”. Cada día, explicó, los consejos energéticos revisan cifras, ajustan consumos y aprietan tuercas. Todo bajo la misma lógica que se repite desde hace años: el problema nunca es estructural, siempre es el usuario que “gasta de más”.
Entre las prioridades aparece el comodín de moda: los sistemas solares fotovoltaicos. La funcionaria habló de acelerar instalaciones en sectores considerados estratégicos. Salud, Educación y los llamados Héroes del Trabajo encabezan la lista de beneficiarios. Selectividad energética en versión renovable.
El plan fija una meta concreta. Antes de una fecha límite ya marcada en el calendario, la provincia debe montar cientos de módulos que, según la versión oficial, ya están en territorio tunero. La escena se repite en todo el país: anuncios de paneles solares mientras el grueso de la población sigue atrapado en apagones interminables.
Pero el punto más áspero del programa no es la energía solar. Es la política punitiva. La Onure dejó claro que la sanción estrella será el corte directo del servicio. Sin escalas, sin multas progresivas, sin medias tintas. Quien sobrepase el plan, se queda a oscuras.
Las declaraciones oficiales no escondieron el tono. A quienes incumplieron el consumo de enero ya les bajaron el switch. Las desconexiones, dijeron, se notifican con 48 horas de antelación. El mínimo: tres días sin electricidad. El máximo: una incertidumbre total hasta que el “moroso” compense el sobregiro.
En cualquier economía funcional, cortar la energía a empresas productivas sería una medida extrema. En Cuba se presenta como rutina administrativa. La paradoja es brutal. Un país urgido de producción que paraliza actores económicos por falta de corriente.
Otra decisión revela hasta qué punto la crisis obliga a dinamitar privilegios. Varias entidades fueron retiradas de los circuitos “no apagables”, esas líneas casi blindadas que tradicionalmente escapaban de los cortes. La protección se acabó. Ahora la tijera alcanza también a quienes antes navegaban con electricidad estable.
El mensaje es inequívoco. Nadie queda totalmente a salvo del déficit energético. Ni empresas estatales, ni negocios privados, ni instalaciones que durante años operaron bajo el paraguas de la prioridad. El apagón se democratiza, la escasez no perdona jerarquías.
Como refuerzo, llegan restricciones adicionales los fines de semana. Servicios estatales operarán con interruptores abiertos desde el viernes hasta la madrugada del lunes. Menos actividad, menos consumo. La receta de siempre: frenar la demanda porque la oferta simplemente no existe.
La Onure presume de vigilancia total. Supervisión absoluta, control permanente, reportes directos a la cúpula. El problema es que ninguna supervisión arregla turbinas rotas, termoeléctricas obsoletas ni décadas de desinversión. La aritmética del colapso no se corrige con inspecciones.
Quizás la imagen más elocuente de este capítulo energético no viene de oficinas ni de estadísticas. Viene de las panaderías. Ante la falta de electricidad, varias serán reconvertidas para producir pan con leña y carbón. Una postal que parece sacada del siglo pasado, pero ocurre en tiempo real.
La escena es difícil de maquillar. En medio de discursos sobre modernización y transición energética, el pan regresa al fuego de madera. No como elección ecológica, sino como única salida ante un sistema eléctrico exhausto.
Las Tunas no es una excepción. Es un espejo. Lo que hoy se aplica en esa provincia retrata un patrón nacional: apagones más largos, controles más rígidos y soluciones de emergencia que apenas sostienen la superficie. Mientras tanto, la raíz del problema sigue intacta.
