Un nuevo grupo de migrantes cubanos fue devuelto este jueves desde Estados Unidos. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, con 116 ciudadanos en situación irregular, según informó el Ministerio del Interior en sus canales oficiales. La nota, breve y cuidadosamente redactada, repitió la fórmula habitual.
De acuerdo con el reporte, el grupo estuvo integrado por 88 hombres y 28 mujeres. La operación, insistieron las autoridades, responde a los acuerdos migratorios bilaterales. Una frase recurrente que ya suena mecánica dentro del discurso estatal.
Con esta devolución, la cifra oficial de retornados en los dos primeros meses de 2026 ascendió a 302 personas. El dato, presentado como balance administrativo, deja un eco incómodo cuando se confronta con los propios registros divulgados por el mismo aparato informativo.
El primer vuelo del año fue anunciado el 9 de febrero. En esa ocasión, 170 migrantes cubanos fueron enviados desde territorio estadounidense. Apenas diez días después, llegó el segundo traslado, ahora con 116 personas. Las cuentas, sin embargo, no terminan de cerrar.
Si se suman ambos vuelos, el total visible alcanza 286 deportados. Pero el MININT habla de 302. Dieciséis casos adicionales flotan en la nebulosa estadística, sin desglose público ni aclaraciones concretas. Un detalle menor en apariencia, pero significativo en términos de transparencia.
El comunicado oficial tampoco especifica con nitidez el origen exacto de todos los retornados. No queda claro si la cifra global corresponde únicamente a deportaciones desde Estados Unidos o si incluye repatriaciones desde terceros países e intercepciones marítimas. Ambigüedad que alimenta interrogantes.
Entre ambos vuelos ocurrió un episodio que captó atención internacional. El 15 de febrero, el crucero Radiance of the Seas, de Royal Caribbean, rescató a seis personas que navegaban en condiciones precarias en el Caribe. La escena fue descrita por pasajeros en redes sociales casi en tiempo real.
Testimonios publicados en plataformas digitales relataron la detención del barco mientras se coordinaba el auxilio. La embarcación, según esos relatos, ya presentaba filtraciones de agua. La operación se ejecutó bajo las normas internacionales que obligan a asistir a náufragos en riesgo.
Posteriormente, medios regionales confirmaron que los rescatados eran ciudadanos cubanos adultos. No fueron trasladados a Cuba de inmediato, sino desembarcados en Islas Caimán, donde quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias locales. Otro movimiento que complejiza el mapa.
Las Islas Caimán también reportaron repatriaciones independientes hacia La Habana en fechas cercanas. Estos desplazamientos paralelos refuerzan la duda esencial: ¿cómo se compone realmente el total de 302 migrantes devueltos? La respuesta oficial, por ahora, no aparece.
Más allá del debate numérico, el trasfondo es imposible de ignorar. Cuba atraviesa una crisis económica y social que sigue empujando a miles de ciudadanos a buscar salidas, muchas veces en condiciones extremas. La emigración irregular no es fenómeno nuevo, pero sí cada vez más visible.
Mientras el discurso gubernamental insiste en promover una migración “regular, segura y ordenada”, la realidad refleja un éxodo persistente. Cada vuelo de deportación, cada rescate en el mar, cada repatriación desde terceros países, dibuja un mismo patrón: la presión migratoria no cede.
El silencio o la vaguedad informativa en torno a los detalles tampoco ayuda a disipar inquietudes. En un contexto donde la credibilidad institucional ya enfrenta desgaste crónico, las cifras imprecisas generan más sospechas que certezas.
Al final, el aterrizaje de otro avión con migrantes devueltos no solo representa un procedimiento migratorio. Representa una postal repetida de la Cuba actual. Un país que expulsa población por razones estructurales, mientras sus autoridades administran los retornos con comunicados escuetos.
