El dato parece sacado de una sátira, pero no tiene nada de chiste. Una MIPYME cubana aparece vinculada a la compra de cinco millones de dólares en jacuzzis en Estados Unidos, amparada por una licencia federal que exige, en teoría, que los productos se destinen a “satisfacer las necesidades del pueblo cubano”. En un país donde faltan alimentos, medicinas y hasta electricidad, la cifra no solo sorprende: indigna.
La operación fue gestionada por Martel Express US, con sede en Hialeah, Florida. La empresa obtuvo la licencia de exportación D1343239, validada a finales de 2023 por el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. En los documentos, el destinatario en Cuba figura como MIKA S.R.L., registrada en Playa, La Habana.
Aquí es donde el relato empieza a oler raro. En los registros oficiales de la Isla, MIKA aparece asociada al procesamiento de madera. Un aserradero, en esencia. Y entonces surge la pregunta que cualquiera se haría: ¿qué hace una empresa de madera comprando jacuzzis de lujo en EE. UU.?
La respuesta, al menos en el papel, apunta hacia entidades estatales. Entre los supuestos destinatarios finales figuran firmas como MAQUIMPORT, ALIMPEX, SASA y otras viejas conocidas del entramado empresarial del régimen. Todo indica que los productos terminan en manos del Estado, aunque la licencia haya sido concedida a una estructura privada.
Pero lo verdaderamente explosivo no es solo el tema de los jacuzzis. Según los datos vinculados a la licencia, el volumen total de operaciones supera los 2.200 millones de dólares. Sí, miles de millones. Una cifra que no encaja ni remotamente con la realidad financiera de una pequeña empresa cubana, y que dispara otra duda incómoda: ¿MIPYME genuina o simple fachada?
Los montos asociados a la autorización incluyen compras colosales: piezas automotrices, electrodomésticos, ropa, equipamiento comercial. Movimientos que parecen más propios de grandes conglomerados estatales que de un actor privado emergente en la economía cubana.
Mientras tanto, el discurso oficial en La Habana sigue girando en torno al “bloqueo” y la asfixia económica. Sin embargo, estas transacciones revelan un escenario muy distinto, donde empresas vinculadas al sistema logran abastecerse en el mismo mercado que públicamente denuncian. Una contradicción que cada vez cuesta más maquillar.
Las condiciones de las licencias del BIS son claras: los bienes no deben beneficiar principalmente al Gobierno cubano ni ser vendidos al Estado. Sobre el papel, todo luce impecable. En la práctica, la opacidad y la falta de rendición de cuentas hacen casi imposible verificar quién termina disfrutando de esos recursos.
