El régimen cubano volvió a echar mano al libreto de siempre: minimizar, diluir, despersonalizar. El Ministerio del Interior habló este viernes de un simple “incidente” en la prisión provincial de Ciego de Ávila, pero evitó cuidadosamente cualquier referencia a muertos o heridos. Una nota fría, ambigua, cargada de tecnicismos, como si dentro de un penal de alta seguridad las cosas se descontrolaran por arte de magia.
Según la versión oficial, todo comenzó cuando dos reclusos sancionados por delitos comunes cometieron una “violación grave del reglamento penitenciario”. Nada fuera de lo normal, insinúan. Nada que amerite demasiadas preguntas. Y, por supuesto, el desenlace fue el esperado en el lenguaje burocrático del poder: el orden se restableció con “racionalidad y determinación”.
Pero mientras el discurso oficial intentaba apagar el fuego con palabras, los testimonios que circularon desde la madrugada dibujaban otra realidad, mucho más cruda. Voces de familiares, activistas y organizaciones independientes comenzaron a hablar de represión violenta, de gritos, de caos. De muerte.
Desde el exilio y a través de denuncias recogidas por Prisoners Defenders, una expresa política ofreció un relato que hiela la sangre. Según su testimonio, un joven preso, prácticamente un muchacho, habría protestado por la falta de comida. Estaba, afirma, desmayado de hambre. La respuesta no fue diálogo ni corrección, sino golpes. Brutales. Horas después, el recluso apareció muerto en su celda.
Ese hecho, lejos de ser un detalle menor, habría sido la chispa que encendió la mecha. Lo que siguió, de acuerdo con múltiples versiones, fue un estallido de ira y desesperación dentro del penal de Canaleta. Ya no se trataba solo de un reclamo puntual, sino de algo más profundo: hambre, abusos y años de tensión acumulada.
La organización denunciante fue más allá y calificó lo ocurrido sin rodeos. Para ellos, aquello no fue un incidente aislado, sino una masacre. Una palabra que el aparato estatal jamás pronunciaría, pero que se repite con fuerza en redes y conversaciones privadas.
Otros reportes independientes también contradicen el relato edulcorado del MININT. Medios alternativos y activistas aseguran que el motín fue sofocado con violencia extrema. Se habla de disparos, de uso de agentes químicos, de una represión que se sintió incluso fuera de los muros del penal.
El líder opositor José Daniel Ferrer, una de las voces que más información ha divulgado sobre el suceso, afirmó que varios reclusos habrían perdido la vida. También alertó sobre numerosos heridos, algunos en estado grave, además de traslados forzosos y la suspensión de visitas, una práctica habitual cuando las autoridades buscan cortar cualquier flujo de información.
Dentro de la prisión, los audios que lograron filtrarse mostraban un ambiente explosivo. No eran sonidos de una simple indisciplina. Eran gritos de “Libertad”, consignas contra la cúpula gobernante, golpes metálicos que resonaban como un acto desesperado de resistencia. Una cárcel convertida en olla de presión.
La agencia EFE confirmó la existencia del motín a partir de denuncias de organizaciones de derechos humanos. Testimonios recogidos por esa vía describen un operativo represivo con fuerzas policiales reforzando el penal y el empleo de métodos de contención que, en la práctica cubana, rara vez son suaves.
El contraste entre la narrativa oficial y lo que cuentan testigos y activistas vuelve a exponer un problema de fondo. En Cuba, incluso cuando la crisis estalla en forma de protesta carcelaria, la prioridad del poder no parece ser la transparencia ni la rendición de cuentas, sino controlar el relato.
