La Terminal de Contenedores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel vuelve a mover la aguja, y como casi siempre en la economía cubana, el golpe cae del lado menos favorecido. A partir del primero de marzo, los llamados nuevos actores económicos deberán pagar en dólares estadounidenses por los servicios, mientras las empresas estatales quedan cómodamente al margen de la medida.
La comunicación enviada a los clientes deja poco espacio para la interpretación. Mipymes, cooperativas y demás formas privadas verán modificada la moneda de facturación. En otras palabras, el CUP ya no será suficiente. La divisa dura pasa a ser requisito obligatorio, sin medias tintas ni anestesia.
Hasta ahora, estos actores operaban bajo un esquema en moneda nacional. No era precisamente un paraíso financiero, pero al menos mantenía cierta coherencia dentro del ya enredado ecosistema monetario cubano. Con el nuevo giro, el terreno se inclina aún más, y no precisamente a favor del sector emergente.
El detalle que más ruido genera no es solo el cambio de moneda, sino la excepción aplicada al sector estatal. Las transferencias dirigidas a empresas reconocidas como estatales seguirán bajo el régimen vigente, con cobros en CUP y fórmulas que el propio sistema ha utilizado durante años. Dos reglas, dos realidades, un mismo puerto.
La decisión no surge en el vacío. Forma parte de la ya conocida y cada vez menos disimulada dolarización parcial de la economía. Un proceso que el Gobierno ha ido expandiendo a golpe de resoluciones, decretos y ajustes que, en la práctica, trasladan el peso financiero hacia quienes menos margen de maniobra tienen.
El discurso oficial suele vestir estas transformaciones como pasos técnicos necesarios. Sin embargo, en la vida real el impacto es mucho más terrenal. Para el sector privado, acceder a dólares dentro de Cuba sigue siendo una carrera cuesta arriba. Ingresos en CUP, obligaciones en divisas, una ecuación que no necesita demasiada explicación para revelar su desequilibrio.
El trasfondo resulta difícil de ignorar. Mientras el Estado protege su propio circuito financiero, los emprendedores y cooperativistas enfrentan nuevas barreras en un contexto ya marcado por inflación, escasez y restricciones estructurales. La dolarización, lejos de aliviar tensiones, profundiza brechas y multiplica incertidumbres.
Desde finales del año pasado, La Habana viene articulando un nuevo entramado normativo para la gestión de divisas. Decretos, regulaciones complementarias y marcos legales que amplían el alcance del control estatal sobre la circulación monetaria. Todo bajo la promesa de ordenar un sistema que hace rato muestra señales de agotamiento.
En ese tablero, la Zona Especial de Desarrollo Mariel —concebida en su momento como vitrina de modernización y apertura— termina funcionando como otro escenario donde las distorsiones del modelo se hacen visibles. Un espacio que nació rodeado de promesas y que hoy refleja las mismas tensiones que asfixian al resto del país.
La paradoja es evidente. El sector privado, constantemente señalado como motor potencial de dinamismo económico, enfrenta ahora mayores exigencias financieras en uno de los principales nodos logísticos de la Isla. Mientras tanto, la estructura estatal navega bajo condiciones diferenciadas, blindada por su propio diseño normativo.
Mariel, símbolo de aspiraciones económicas oficiales durante más de una década, vuelve así al centro del debate. No por crecimiento ni eficiencia, sino por una medida que expone, una vez más, la lógica de un sistema donde las cargas rara vez se reparten de forma equitativa. Porque en la Cuba actual, las reglas cambian, pero casi siempre pesan sobre los mismos.
