La Corte Suprema de Estados Unidos protagoniza este lunes una audiencia que huele a pólvora legal. En juego está nada menos que el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, una pieza jurídica capaz de reactivar viejas heridas sobre las propiedades confiscadas en Cuba tras 1959.
Los magistrados escucharán argumentos en dos pleitos que no son cualquier cosa. Por un lado, el pulso entre Exxon Mobil y la Corporación CIMEX. Por el otro, la batalla de Havana Docks Corporation contra varias navieras internacionales. Casos distintos, pero unidos por una misma bomba de fondo.
La discusión gira alrededor de una pregunta incómoda: hasta dónde llega el derecho de ciudadanos y empresas estadounidenses a demandar a quienes se beneficien de bienes expropiados por el régimen cubano. Dicho sin rodeos, quién paga la factura de las confiscaciones que marcaron la historia económica de la Isla.
El litigio de Exxon pone sobre la mesa cifras de vértigo. La petrolera reclama más de mil millones de dólares por activos nacionalizados en 1960, instalaciones que hoy estarían conectadas con CIMEX, engranaje clave dentro del universo empresarial estatal cubano. La sombra de GAESA, el poderoso conglomerado militar, planea sobre todo el caso.
Aquí el nudo es técnico, pero explosivo. CIMEX ha intentado escudarse en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras para evitar ser juzgada en tribunales estadounidenses. Un tribunal inferior le dio oxígeno a esa tesis, abriendo una puerta que ahora el Supremo podría cerrar de golpe.
Exxon, sin embargo, sostiene que el espíritu del Título III fue precisamente romper ese muro. Si la Corte Suprema le da la razón, se debilitaría uno de los blindajes más útiles para las empresas estatales cubanas, algo que podría cambiar el tablero completo de futuras reclamaciones.
El segundo caso, el de los cruceros, se mueve por otro carril, pero igual de cargado. Las compañías demandadas son privadas, así que la inmunidad soberana no entra en la ecuación. La pelea se centra en si Havana Docks mantiene derechos válidos sobre la terminal portuaria habanera utilizada durante el deshielo con Obama.
Entre 2016 y 2019, miles de turistas estadounidenses desembarcaron en Cuba a bordo de cruceros. Aquellas imágenes de barcos atracando en La Habana hoy regresan al debate judicial convertidas en munición legal. Lo que fue apertura turística ahora se examina bajo la lupa de la Helms-Burton.
En primera instancia, las navieras recibieron un golpe multimillonario. Luego, un tribunal de apelaciones desmontó la sentencia al considerar que la concesión había expirado. La Corte Suprema deberá decidir ahora si el derecho a demandar depende de tecnicismos contractuales o del hecho esencial de la confiscación.
Más allá de la jerga jurídica, el impacto potencial es enorme. El Título III estuvo congelado durante décadas hasta que la administración Trump lo activó en 2019. Desde entonces, las demandas han avanzado con freno de mano, atrapadas en laberintos procesales y altos costos legales.
Un fallo expansivo del Supremo podría dinamitar ese ritmo lento. Miles de reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas en Cuba podrían cobrar nueva vida, desde refinerías hasta centrales azucareros, pasando por puertos, fábricas y extensiones de tierra.
Para las empresas extranjeras que operan en la Isla, la señal sería difícil de ignorar. Hacer negocios en Cuba podría traducirse en riesgos judiciales serios dentro de Estados Unidos. La ecuación económica cambiaría, y no precisamente a favor de quienes apuestan capital en un entorno ya cargado de incertidumbre.
Para el régimen cubano, atrapado en una crisis económica asfixiante, el escenario tampoco pinta cómodo. Un revés en la Corte Suprema añadiría presión financiera y complicaría aún más la narrativa oficial que durante años intentó minimizar el alcance real de la Helms-Burton.
La audiencia de hoy no es solo otro capítulo judicial. Puede marcar un antes y un después en la larga disputa por los bienes confiscados, un tema que nunca desapareció del todo y que ahora regresa con fuerza al corazón del sistema legal estadounidense.
