La administración de Donald Trump está afinando una nueva jugada en su campaña feroz contra el régimen castrista, y la movida tiene más sabor político que práctico. Tras meses de estrangular energéticamente a Cuba, ahora Washington quiere dar un mensaje bien claro: sí puedes vender petróleo y combustible, pero solo si no es al gobierno de La Habana.
La idea —según reportó Bloomberg— es separar con cuchillo bien afilado al pueblo cubano y a los empresarios privados del aparato del Partido Comunista. Mientras el cerco económico sigue apretando sobre la cúpula gobernante, los Estados Unidos estarían dando luz verde (legalmente hablando) a que empresas energéticas estadounidenses y extranjeras vendan combustible directamente a negocios privados cubanos y particulares, sin tener que pedir permisos raros o enfrentar penalidades.
Este no es un detalle menor: por primera vez en años, se estaría diciendo que las sanciones no aplican igual al sector privado que al Estado comunista. Las nuevas directrices que preparan el Departamento de Comercio y del Tesoro dejarían claro que, bajo la ley actual, estas ventas son legales si no involucran al gobierno cubano.
El anuncio cae justo cuando Cuba está en crisis por la falta de petróleo tras la interrupción de los suministros venezolanos —que solían ser su principal fuente de combustible— y después de que México cancelara envíos por la presión estadounidense.
En la narrativa oficial de Washington, esta movida tiene un doble filo: por un lado, seguir estrangulando económicamente a la dictadura comunista de La Habana, y por otro, abrir una especie de puerta al pueblo cubano para que se conecte con la economía estadounidense y la sociedad civil sin pasar por el régimen.
El propio secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo a Bloomberg que Estados Unidos espera ver “más libertades económicas y políticas” en Cuba antes de aliviar la presión. Es decir, el gobierno estadounidense no está pensando en suavizar el castigo, sino en usarlo como palanca para exigir cambios profundos.
Esto se suma a otros ajustes recientes en la política de energía hacia la Isla. El 20 de febrero Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar una herramienta arancelaria que penalizaba a países que vendían petróleo a Cuba bajo la antigua ley de emergencia. Esa medida fue retirada después de un fallo del Tribunal Supremo, pero la llamada “emergencia nacional” declarada en enero sigue vigente y con poder para sancionar otros aspectos del comercio con Cuba.
En la práctica, lo que se está moviendo es que algunos negocios estadounidenses o de terceros países tendrían menos riesgo si venden combustible a privados cubanos, pero el régimen sigue bajo toda la presión de sanciones económicas, comerciales y navales. No hay un levantamiento de sanciones, ni un cambio estructural real en la política de Washington hacia La Habana.
Desde la orilla cubana, esta jugada puede verse como un intento de usar el propio desespero energético de la Isla para fragmentar sus estructuras internas, al tiempo que mantienen la soga bien apretada al cuello del gobierno comunista. Pero para la gente común en Cuba, que ve apagones, colas y escasez día tras día, esto puede sonar más a política que a alivio tangible.
Y así, entre estrategia política y maniobras económicas, la administración Trump deja claro que su objetivo no ha cambiado: seguir hundiendo al régimen mientras muestra —por si acaso— una “oferta” al pueblo cubano que, de materializarse, podría convertirse en otra grieta en el muro del castrismo.
