La calle Solís, en la barriada matancera de La Playa, amanece cada día con una coreografía que ya nadie cuestiona. Pomos alineados, tanquetas improvisadas y cubos rodando de casa en casa. David, el esposo de Taymí, decidió hace meses perforar un pozo en su patio para garantizar el agua. Como él, muchos. La diferencia es que David saca la manguera cada mañana y comparte con quienes no pudieron hacerlo. La solidaridad vecinal suple lo que el Estado abandonó, pero no debería ser así.
En octubre de 2025, en la circunscripción 43 del Consejo Popular Playa, se contaban 20 pozos. Cuatro meses después, la cifra se duplicó. No por moda, sino por pura necesidad. El agua dejó de ser un servicio y pasó a convertirse en una búsqueda personal, casi artesanal.
Hace casi un año que el agua no entra con regularidad en las tuberías de la zona. Desde que se publicó el primer reportaje sobre el tema, la perforación de patios, aceras e incluso salas de viviendas no ha hecho más que crecer. De El Conde, el sistema de bombeo que debería garantizar el suministro, apenas se sabe algo. De Higiene y Epidemiología, menos todavía. Ningún especialista ha aparecido por el barrio.
La solución, para muchos, ha sido mirar hacia abajo. Algunos contratan a un hombre de Mocha que, con varillas y experiencia empírica, señala dónde cavar. El llamado método zahorí. Otros, sin patio, rompen la acera. Hay quien ha abierto el hueco dentro de su propia casa. Tener agua depende ahora de cuán profundo se pueda excavar.
No es sencillo. En varias cuadras hay que bajar hasta cinco metros, a veces más. Desde abril de 2025, el sistema de El Conde ha sufrido roturas constantes. Tras octubre, se instaló un motor de menor capacidad que “estabilizó” el bombeo. La palabra queda grande. A veces hay agua. A veces pasan días sin una gota. El único indicio de que algo se bombeó es un mensaje en el grupo de WhatsApp del barrio.
En los finales de Descanso, Manglar, Levante, Callejón de Collazo y Logia, el agua simplemente no llega. Tampoco a muchas entrecalles. Las zanjas abiertas en plena vía pública son otra señal del colapso. La gente no puede vivir sin agua, aunque la planificación estatal actúe como si sí.
Estela, vecina del Callejón Críspulo Cabrera, dice que La Playa está “mejor” que El Cocal, donde la crisis viene de antes y los huecos en las calles parecen trincheras. Pero el delegado de la circunscripción, Raúl Castillo, apunta a un problema aún más básico: hay noches en que no se abre la válvula que debe llevar el agua desde Pueblo Nuevo hacia La Playa.
El esquema es sencillo sobre el papel. Pueblo Nuevo recibe agua durante el día y, a las siete de la noche, se cierra para dar paso a La Playa hasta las seis de la mañana. En la práctica, no siempre ocurre. El propio hijo del delegado, que vive en Pueblo Nuevo, lo llama para decirle que tuvieron agua todo el día. En La Playa, esa misma noche, no salió ni una gota. La válvula nunca se abrió.
Castillo ha denunciado la situación una y otra vez. Incluso pasó una semana entera supervisando personalmente la apertura de la válvula después de la línea en El Cocal. Pero resulta absurdo que un delegado tenga que hacer de custodio de una llave. Para eso existe un organismo, una estructura y personal pagado. O al menos debería existir.
Mientras tanto, los pozos siguen multiplicándose. Su costo supera los 200 dólares, una cifra inalcanzable para muchas familias. Algunos se endeudan. Otros cavan con sus propias manos. Tampoco queda claro quién regula a quienes perforan y cobran por hacerlo. El desorden avanza al ritmo del abandono institucional.
La ley, en su artículo 49.2 de la Ley No. 124 de las Aguas Terrestres, permite pozos rústicos para uso doméstico sin autorización previa, siempre que sea para autoconsumo. El problema no es legal, es sanitario.
El doctor matancero Juan Carlos Perdomo Arrier alerta sobre los riesgos. La proliferación de fosas sin orden técnico aumenta la posibilidad de contaminación cruzada. Un pozo mal ubicado puede recibir residuales. Aunque el agua no se beba, entra en contacto con mucosas al bañarse o fregar. El peligro no siempre se ve, pero está ahí.
Menciona la hepatitis A en un contexto epidemiológico ya complejo, donde circulan arbovirosis. Los métodos de potabilización no son universales y un tratamiento mal aplicado puede resultar más dañino que la propia escasez.
A todo esto se suma el golpe al bolsillo. Una pipa de agua supera los ocho mil pesos. Son 27 CDR los que dependen del sistema de El Conde en la circunscripción 43. El delegado lo dice sin rodeos: lo que hay que arreglar es El Conde, pero arreglarlo bien.
Ni siquiera tener pozo garantiza estabilidad. Mirela, vecina de la calle Levante, explica que sacar agua también tiene límites. Si se extrae más de lo que se repone, el pozo se seca. Añade que este es el mejor momento para perforar, antes de las lluvias, cuando el nivel freático puede ubicarse con mayor precisión.
La imagen diaria en la calle Solís no es solo gente cargando cubos. Es la fotografía de un barrio que tuvo que bajar al subsuelo para buscar lo que nunca debió faltar arriba. Mientras la válvula siga fallando y el sistema continúe en manos de la improvisación, seguirán creciendo los pozos. Y con ellos, otras sequías más profundas: la institucional, la sanitaria y la de respuestas reales.
