Aunque hace días el ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga dejó caer declaraciones sobre la importación de combustibles, no existe hasta hoy un anuncio oficial claro que levante la prohibición para mipymes y cooperativas. Sin embargo, en la práctica, algunas empresas ya están trayendo hidrocarburos al país, tras recibir la bendición administrativa del propio Estado.
Fuentes vinculadas a los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios revelaron que, hasta mediados de febrero, alrededor de 150 empresas habían presentado solicitudes formales para importar combustible. No se trata de una iniciativa espontánea del sector privado. La mayoría fue convocada por gobiernos locales, siguiendo directrices del Consejo de Estado.
El detalle curioso es que el proceso arrancó mucho antes de cualquier discurso público. Desde inicios de enero ya se estaban evaluando expedientes empresariales, en un movimiento silencioso aprobado por el Consejo de Ministros. El objetivo era permitir que determinadas mipymes —sobre todo estatales— accedieran a carburantes en el exterior mediante intermediarias estatales y en coordinación directa con CUPET.
Las primeras evaluaciones dejaron un dato revelador. Cerca de 40 empresas fueron analizadas inicialmente, pero solo 25 obtuvieron certificación. Más tarde se sumaron otras once entidades, algunas catalogadas como privadas, aunque con vínculos evidentes con ministerios y estructuras estatales. Entre ellas aparece Servitec Mariel, empresa bajo el paraguas de GAESA.
Tras el 7 de febrero, el mecanismo se formalizó. Comenzó entonces la convocatoria oficial a mipymes privadas. De casi 400 aspirantes, apenas poco más de cien lograron completar la documentación requerida. Hasta ahora, solo 42 han sido autorizadas. El filtro no ha sido precisamente flexible.
La narrativa oficial sugiere apertura, pero los nombres aprobados cuentan otra historia. Al revisar las autorizaciones, sobresalen empresas vinculadas al entramado militar o a organismos estatales. GAESA no parece haber perdido ni un milímetro de terreno. Más bien ha reorganizado el tablero.
En esencia, el monopolio energético sigue intacto. La importación de combustibles continúa dependiendo de intermediarias estatales, permisos regulatorios y contratos centralizados. Lo que cambia es la etiqueta. Algunas entidades presentadas como privadas mantienen lazos directos con ministerios, las FAR o figuras del círculo de poder.
Casos concretos ilustran bien el patrón. Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital, por ejemplo, figuran entre las aprobadas. Ambas pertenecen al Ministerio de Educación. También aparecen Agroindustrial Media Luna y Cambute S.R.L., negocios promocionados como privados, pero con conexiones institucionales difíciles de ignorar.
El caso más llamativo es el del Proyecto de Desarrollo Local Gaia. Su propietaria, Lisa Titolo Castro, forma parte de la familia gobernante. La autorización para importar combustible no solo garantiza operaciones, sino privilegios estratégicos en plena crisis energética.
Mientras tanto, otras mipymes estatales también obtuvieron luz verde. Empresas del Ministerio del Transporte y entidades vinculadas a GAESA, como Cubapack Internacional, ya cuentan con permisos. La presencia de estructuras militares en la lista no pasa desapercibida.
Para quienes aún esperan autorización, el camino luce empinado. Certificaciones de seguridad, contratos con CUPET, pólizas con aseguradoras estatales y depósitos en divisas forman parte del menú obligatorio. La burocracia sigue siendo la puerta de entrada real.
La montaña de requisitos, divulgada recientemente por actores privados, deja claro que la supuesta liberalización mantiene intacta la dependencia estatal. Tanques, inspecciones, certificados fiscales… todo bajo la supervisión de instituciones controladas por el propio aparato gubernamental.
En la práctica, el esquema no reduce el control del Estado. Lo redistribuye. Además, introduce costos adicionales que inevitablemente impactarán en los precios. Más trámites, más intermediarios, más margen para la corrupción.
Lejos de representar una apertura genuina, la medida parece otra maniobra de adaptación del modelo. GAESA continúa marcando el ritmo. El sector privado, incluso cuando importa, lo hace bajo reglas diseñadas por el mismo sistema que monopoliza el mercado energético.
