El senador republicano Rick Scott se sumó este miércoles a las crecientes demandas de esclarecimiento tras el enfrentamiento armado reportado en aguas territoriales cubanas. El incidente, que dejó un saldo preliminar de muertos y heridos en una embarcación con matrícula de Florida, ya provoca reacciones de alto voltaje político en Estados Unidos.
Desde la red social X, Scott calificó la situación como profundamente alarmante y pidió una investigación exhaustiva e independiente. En su mensaje, el legislador apuntó directamente al régimen cubano, subrayando que deben establecerse responsabilidades claras por lo ocurrido.
El pronunciamiento del senador refuerza la postura expresada previamente por el congresista Carlos A. Giménez, quien también exigió aclaraciones inmediatas. La coincidencia de voces dentro del espectro republicano refleja la sensibilidad que ha adquirido el caso en el escenario político estadounidense.
Hasta ahora, la única reconstrucción oficial de los hechos proviene del Ministerio del Interior de Cuba. Según la versión institucional, las autoridades detectaron una lancha rápida registrada en Florida navegando cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, durante la mañana del 25 de febrero de 2026.
El parte cubano sostiene que una unidad de las Tropas Guardafronteras se aproximó para realizar la identificación. Siempre bajo esa narrativa, desde la embarcación se habrían efectuado disparos, provocando un intercambio de fuego en alta mar.
Las autoridades de la isla informaron que el comandante de la unidad estatal resultó herido y que cuatro ocupantes de la lancha fueron abatidos, mientras varios más sufrieron lesiones. Sin embargo, no se han divulgado identidades ni nacionalidades, un vacío que alimenta dudas y especulaciones.
La reacción en Estados Unidos no se hizo esperar. Giménez insistió en la necesidad de determinar si entre las víctimas figuran ciudadanos o residentes legales permanentes, un aspecto que podría alterar significativamente la dimensión diplomática del episodio.
Poco después, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación estatal. El funcionario confirmó que agencias locales trabajarán en coordinación con autoridades federales para examinar cada detalle del incidente.
El anuncio añade una nueva capa de presión institucional. En contextos donde se cruzan jurisdicciones estatales, federales e internacionales, este tipo de investigaciones suelen tener repercusiones políticas que trascienden el ámbito estrictamente judicial.
Mientras tanto, persiste la ausencia de confirmaciones independientes sobre la secuencia real de los acontecimientos. La falta de información verificable mantiene el caso en una zona gris, donde las versiones oficiales compiten con la incertidumbre pública.
El incidente podría reactivar tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, especialmente si emergen elementos que involucren directamente a ciudadanos estadounidenses. En el sur de la Florida, el episodio ya genera inquietud y un intenso debate político.
