La administración de Donald Trump está apostando fuerte por lo que algunos llaman una “maza suave”: usar la energía para presionar a La Habana hasta que el régimen ceda. La estrategia no es jugar a la complacencia, sino ponerle un dolor de verdad al aparato estatal —sin beneficiar directamente al Gobierno cubano— y abrir una rendija económica hacia el pueblo y el sector empresarial independiente, según informes recientes.
En medio de una crisis energética brutal en Cuba, con apagones que ya no son noticia nueva y una red eléctrica que se cae a pedazos, el colapso del suministro petrolero se ha convertido en un factor político de presión. El bloqueo de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro dejó a la Isla sin su principal fuente de combustible, lo que agravó la escasez hasta niveles demoledores.
Lo que Washington plantea ahora, según reportes de Bloomberg, es claro: permitir que empresas energéticas estadounidenses y extranjeras vendan petróleo y combustible a compañías privadas y particulares cubanos, sin necesidad de que pasen por el Estado ni por sus entes militares. Es decir, el régimen queda excluido del negocio energético, y el sector privado cubano —aunque limitado por las normas internas— sería el beneficiado directo.
La movida no es mera filantropía. Responde a una lectura estratégica: si Cuba depende de Estados Unidos para su energía, pero solo empresas privadas pueden comprar y usar ese combustible, se genera una brecha entre la sociedad civil y el aparato castrista. En otras palabras, Washington busca fortalecer actores no estatales dentro de la isla mientras estrangula al Gobierno cubano en el terreno que más le duele: el control económico y energético.
Las directrices que preparan los Departamentos del Tesoro y Comercio de EE. UU. subrayan este punto: la prohibición energética en vigor solo se aplica a transacciones que beneficien al gobierno cubano o a sus estructuras vinculadas al poder, incluidos los militares. Pero las exportaciones de combustible a empresas privadas o personas naturales en Cuba podrían estar permitidas dentro del marco legal existente, apuntaron fuentes oficiales.
Este cambio coincide con un momento especialmente sensible para la economía cubana. La isla enfrenta cortes masivos de electricidad, transporte paralizado por falta de diésel y servicios públicos colapsados. La escasez ha transformado la vida cotidiana en una lucha por sobrevivir sin energía.
Pero ojo: esta política no significa el fin de las sanciones ni el levantamiento del embargo. El bloqueo económico contra Cuba sigue en pie. Lo que se está ajustando es un área específica ahí donde puede haber impacto directo en la población sin pasar por los bolsillos ni los pozos del régimen.
Además, el secretario de Estado Marco Rubio ha dejado claro que Washington espera reformas económicas y políticas reales del Gobierno cubano antes de considerar cualquier alivio más amplio. Esa presión constante, repetida de manera pública, no es casualidad: es parte de una estrategia de máxima presión que busca erosionar el control castrista desde adentro.
