Tras varias horas de mutismo en la cúpula del poder, Miguel Díaz-Canel apareció finalmente en escena. Lo hizo como ya es costumbre en la liturgia política cubana: mediante un mensaje en redes sociales, cargado de consignas y afirmaciones categóricas, pero sin despejar las interrogantes más sensibles del caso.
El gobernante aseguró que Cuba no agrede ni amenaza a nadie. Acto seguido, reafirmó que el Estado actuará con “determinación y firmeza” frente a lo que calificó como agresiones terroristas y mercenarias. Una narrativa predecible, que busca encuadrar cualquier episodio de seguridad dentro del mismo molde discursivo.
El pronunciamiento llegó después de un silencio llamativo. Ni el propio Díaz-Canel, ni Manuel Marrero, ni Bruno Rodríguez ofrecieron reacciones inmediatas tras un suceso que dejó víctimas mortales y que involucra a una embarcación registrada en Florida. En un país donde la información es férreamente controlada, los tiempos de respuesta también comunican.
Según el Ministerio del Interior, la secuencia de los hechos ocurrió frente a Cayo Falcones, en Villa Clara. La versión oficial sostiene que una lancha con matrícula estadounidense fue detectada dentro de aguas cubanas y que, al intentar identificarla, los guardafronteras habrían sido recibidos con disparos.
El relato institucional afirma que el enfrentamiento derivó en cuatro personas abatidas y varios heridos. También señala que el comandante de la nave estatal resultó lesionado. Sin embargo, los detalles ofrecidos públicamente continúan siendo fragmentarios, imposibles de contrastar de manera independiente.
Posteriormente, las autoridades identificaron a Michel Ortega Casanova como uno de los fallecidos. Sobre las otras víctimas, el hermetismo persiste. Nombres, circunstancias precisas y reconstrucciones verificables siguen ausentes en la narrativa estatal.
El MININT insiste en que la embarcación transportaba individuos armados con supuestos fines terroristas. En apoyo a esa tesis, informó la incautación de armas, chalecos antibalas, mirillas y uniformes de camuflaje. Elementos que, bajo el control exclusivo del aparato oficial, quedan sujetos únicamente a la interpretación gubernamental.
La lista de detenidos también fue divulgada, acompañada de referencias a presuntos antecedentes penales. Un recurso habitual en la retórica oficial, donde la criminalización previa suele emplearse para reforzar la legitimidad del discurso estatal ante la opinión pública interna.
Antes del mensaje presidencial, Bruno Rodríguez ya había marcado el tono desde la diplomacia. El canciller habló de una “investigación rigurosa” y evocó el histórico argumento de las agresiones externas contra la isla. Un marco narrativo recurrente, utilizado durante décadas para explicar episodios de diversa naturaleza.
El problema, una vez más, radica en la verificación. Fuera de Cuba, la confianza en los comunicados oficiales es limitada. La ausencia de acceso independiente a sobrevivientes, pruebas o testimonios directos deja un terreno fértil para la desconfianza y la especulación.
Mientras La Habana reafirma su relato y Washington busca su propia información, el incidente continúa navegando entre versiones enfrentadas. Más allá de las consignas, la pregunta esencial permanece intacta: qué ocurrió realmente en esas aguas y bajo qué circunstancias exactas.
