El gobierno cubano movió ficha este miércoles y divulgó los nombres de los presuntos implicados en el incidente armado ocurrido en las cercanías del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, Villa Clara. La información llegó, como ya es costumbre en este tipo de sucesos, a través del Ministerio del Interior.
Según la ampliación oficial, la lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH transportaba a diez personas que, siempre de acuerdo con la narrativa estatal, habrían intentado ingresar a la isla con supuestos “fines terroristas”. Una calificación de alto voltaje político que, en Cuba, rara vez viene acompañada de elementos verificables de forma independiente.
Las autoridades informaron la detención de seis individuos: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Sobre el papel, todos quedan ubicados dentro de la misma categoría construida por el discurso oficial.
En el parte también se mencionó a Michel Ortega Casanova como uno de los fallecidos, mientras que se aseguró que aún se trabaja en la identificación de otras tres personas que perdieron la vida durante el enfrentamiento. Hasta ahora no han trascendido detalles externos que permitan contrastar esa versión.
El MININT subrayó que los involucrados son cubanos residentes en Estados Unidos y deslizó que algunos poseen antecedentes penales. Este tipo de afirmaciones suele aparecer con frecuencia en comunicados oficiales, aunque sin acceso a expedientes o pruebas públicas resulta imposible verificar el alcance real de tales señalamientos.
Otro elemento introducido por la nota estatal fue que dos de los detenidos ya figuraban en registros nacionales asociados a investigaciones previas. De nuevo, la información queda blindada dentro del marco institucional, sin documentación accesible ni confirmación ajena a las propias autoridades.
Durante el operativo, el gobierno aseguró haber ocupado fusiles de asalto, armas cortas, artefactos incendiarios de fabricación artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Un inventario que refuerza la gravedad del relato oficial, pero que tampoco puede ser examinado fuera de los canales controlados por el Estado.
En paralelo, se informó la detención en territorio cubano de Duniel Hernández Santos, a quien vinculan con la supuesta recepción del grupo. El patrón se repite: acusaciones severas, escasos detalles y ausencia total de verificación independiente.
El episodio adquiere una dimensión aún más política al conocerse que dos de los nombres divulgados, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, aparecen en la lista que el régimen actualizó meses atrás y presentó ante la ONU como parte de su relación de personas catalogadas como terroristas.
Ese listado, ampliamente cuestionado por observadores y activistas, ha sido utilizado por La Habana como herramienta discursiva para respaldar denuncias internacionales. En la actualización mencionada por el propio gobierno se incluyeron decenas de individuos y entidades radicadas en el exterior, principalmente en Estados Unidos.
Desde la óptica oficial cubana, estas personas estarían vinculadas a acciones contra el Estado. Desde la mirada crítica, sin embargo, se trata de mecanismos opacos que carecen de transparencia judicial y garantías procesales claras, una constante dentro del sistema institucional de la isla.
