El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tuvo que dar marcha atrás. En un nuevo comunicado sobre el enfrentamiento entre Tropas Guardafronteras y una lancha procedente de Florida, el régimen reconoció que incluyó por “error” el nombre de una persona que no estaba involucrada en los hechos.
Sí, leíste bien. Después de presentar un relato firme y categórico, ahora admiten una “confusión de identificación”.
El viceministro Carlos Fernández de Cossío aclaró que Rolando Roberto Ascorra Consuegra no formaba parte del grupo que viajaba en la embarcación. Aunque, eso sí, el funcionario no perdió la oportunidad de deslizar que se trata de alguien con antecedentes vinculados a supuestas acciones violentas contra el Estado cubano. El libreto no se abandona del todo.
El comunicado también confirmó oficialmente los nombres de los diez implicados en el incidente, incluidos los cuatro fallecidos. Entre los muertos figuran Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara, Héctor Duani Cruz Correa y Pavel Alling Peña.
Según la narrativa oficial, el grupo habría intentado ingresar a Cuba con fines terroristas. El gobierno sostiene que se ocupó armamento diverso, incluyendo fusiles, pistolas, municiones, chalecos antibalas y hasta equipos de visión nocturna. Todo presentado como prueba de una operación organizada.
Sin embargo, más allá de la descripción del arsenal, lo que genera ruido es la ligereza con la que inicialmente se señaló a una persona que no estaba allí. Porque cuando un gobierno acusa públicamente de terrorismo, no se trata de un simple error administrativo. Es una etiqueta grave.
El MINREX también informó que desde el primer momento hubo comunicación con autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas. Según La Habana, Washington ha mostrado disposición a cooperar en la investigación.
Mientras tanto, el régimen insiste en que este hecho no es aislado. Vuelve a colocar sobre la mesa su argumento histórico: que Cuba ha sido víctima de agresiones organizadas desde territorio estadounidense durante más de seis décadas.
En el comunicado se menciona además una lista nacional de personas buscadas por presuntos vínculos con terrorismo, compartida con Estados Unidos en años recientes. Dos de los detenidos, según el gobierno, estarían incluidos en ese listado.
Pero en medio de tanta retórica sobre convenios internacionales y cumplimiento ejemplar contra el terrorismo, queda una pregunta incómoda: ¿cómo se explica que en un caso tan delicado se cometa un “error de apreciación” en la identificación de un supuesto implicado?
El gobierno cubano reafirmó que proteger sus aguas territoriales es su deber y que actuó conforme al derecho internacional. Nada nuevo en el discurso oficial.
Lo que sí es nuevo es la rectificación pública.
En un contexto de tensión diplomática, crisis económica interna y creciente escrutinio internacional, el reconocimiento de un error abre grietas en la narrativa. Porque cuando la credibilidad ya está cuestionada, cada contradicción pesa el doble.
