El Tribunal Supremo Popular volvió a dejar claro de qué lado está. En su página oficial, publicó una infografía con el famoso Artículo 4 de la Constitución de 2019, donde se repite el guion de siempre: defender el socialismo es el deber supremo y cualquier intento de cuestionarlo puede ser castigado con “las más severas sanciones”.
La movida no es casual. Llega justo después de que jueces y trabajadores del propio tribunal firmaran la campaña oficialista “Mi Firma por la Patria”, impulsada por el Partido Comunista. Todo esto bajo la narrativa reciclada de “Girón es hoy”, como si el país no estuviera hundido en otra guerra… pero esta vez contra la miseria.
El mensaje, aunque disfrazado de legalidad, suena más a advertencia que a otra cosa. Y es que el propio texto constitucional, resaltado por el tribunal, deja abierta la puerta a combatir por cualquier medio —incluida la violencia— a quien intente cambiar el sistema. Dicho en buen cubano: el que se salga del libreto, la paga caro.
Esto ocurre en un momento donde el país está explotando por dentro. Apagones interminables, escasez brutal y un descontento que ya no se puede esconder. Por eso muchos ven esta publicación como un intento desesperado del régimen de meter miedo y cerrar filas.
Además, el contexto internacional mete más presión. Se habla de un ultimátum desde Estados Unidos para liberar presos políticos, algo que el gobierno cubano sigue ignorando mientras refuerza su discurso de confrontación.
Miguel Díaz-Canel no perdió tiempo y fue de los primeros en firmar la campaña, asegurando que la Revolución “no negocia principios”. Pero en la práctica, lo que se ve es otra cosa: más control, más propaganda y menos soluciones reales.
Mientras tanto, el país vive bajo una especie de movilización permanente. Ejercicios militares, consignas de guerra y un Primero de Mayo que se convierte en espectáculo político frente a la embajada de EE. UU. Todo muy calculado.
Y por si quedaba duda, el Tribunal Supremo remata su papel: más que justicia, funciona como herramienta del poder. No es casual que en casos como el “sabotaje eléctrico”, las condenas superen los diez años sin pestañear.