El 12 de abril pasó casi en puntillas para el oficialismo cubano. Se cumplieron siete años del secuestro de los médicos Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa, y como si nada… ni una palabra. Ni un recordatorio, ni una explicación. Solo silencio. Un silencio que ya no sorprende, pero sí duele.
Los dos galenos fueron secuestrados en 2019 en Mandera, al noreste de Kenia, una zona caliente pegada a Somalia, donde el peligro no es cuento. Iban en un convoy con escolta armada rumbo al hospital cuando ocurrió el ataque, atribuido al grupo yihadista Al-Shabaab. En ese mismo incidente murió un policía keniano. Desde entonces, todo ha sido incertidumbre.
En febrero de 2024, el propio grupo extremista soltó una versión en Telegram asegurando que los médicos habían muerto tras un bombardeo del AFRICOM en Somalia. Pero esa historia nunca se pudo confirmar. De hecho, el propio comando estadounidense aseguró meses después que no hubo víctimas civiles en esa operación. Resultado: más dudas, cero certezas.
Mientras tanto, en Cuba, el caso parece haberse congelado en el tiempo. El aniversario llegó y se fue sin que el gobierno dijera esta boca es mía. Un silencio que no es casual, sino parte de una estrategia que cada vez se hace más evidente.
Testimonios recogidos por medios independientes apuntan a una realidad cruda: las familias viven con miedo. Miedo a hablar, a exigir, a incomodar. Temen perder lo poco que tienen, desde ayudas estatales hasta la posibilidad de obtener información, por mínima que sea. Por eso, no hay entrevistas, no hay campañas, no hay presión pública.
En 2024, el propio gobierno cubano admitió que no tenía pruebas de si los médicos estaban vivos o muertos, prometiendo investigar. Pero el tiempo pasó, y lo único que ha crecido es la incertidumbre. No hay confirmaciones, no hay resultados visibles, no hay respuestas.
El canciller Bruno Rodríguez volvió a repetir en 2025 que “se sigue trabajando en esclarecer la situación”, pero sin ofrecer un solo dato concreto. Más de lo mismo. Palabras que suenan a trámite, no a compromiso real.
Siete años después, este caso expone sin maquillaje varias verdades incómodas: el riesgo al que se envía a los médicos cubanos en misiones internacionales, la falta de transparencia en esos contratos y, sobre todo, la manera en que el régimen maneja la información cuando algo sale mal.