Un trabajador de la Empresa Comercializadora Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) en Jiguaní, Granma, fue detenido tras sacar del almacén miles de cajetillas de cigarros y tabacos, en un caso que ya supera los 10 millones de pesos en pérdidas. Sí, en un país donde todo escasea… lo poco que hay también se desvía.
El implicado, aprovechando su acceso directo a los recursos estatales, habría movido estos productos fuera del circuito oficial. Según versiones difundidas por medios alineados al régimen, esos cigarros que debían llegar al pueblo terminaron en el mercado informal, donde los precios se disparan sin control.
La narrativa oficial intentó vender el arresto como un triunfo del sistema, casi como si hubieran resuelto el problema. Pero la realidad apunta a otra cosa: esto no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema roto por dentro.
Porque mientras el discurso habla de “defender al pueblo”, lo que vive la gente en la calle es otra película. Estantes vacíos, precios por las nubes y un mercado negro que crece sin freno. Y en medio de todo eso, aparecen casos como este… desde dentro del propio aparato estatal.
El trabajador ya está bajo proceso policial, aunque, como es costumbre, no se han dado detalles claros sobre los cargos ni cuándo se celebrará el juicio. Transparencia, lo que se dice transparencia… poca.
Este escándalo no llega solo. Ocurre en medio de una crisis fuerte de abastecimiento de cigarros en Cuba, que arrastra desde 2025. En la calle, una cajetilla puede costar entre 200 y 1,500 pesos, mientras el precio oficial sigue siendo una fantasía de 30 CUP. Una diferencia que grita lo que todos saben: el sistema de distribución no funciona.
Entre apagones, maquinaria obsoleta y mala gestión, la producción ya viene golpeada. Pero cuando además se suma la corrupción interna, el resultado es peor: el desabastecimiento se multiplica.
Y ojo, que esto tampoco es nuevo. En los últimos meses, el régimen ha lanzado su famosa campaña “anticorrupción”, con juicios ejemplarizantes y condenas largas. Pero los casos siguen saliendo como si nada. Santiago de Cuba, Las Tunas… ahora Granma.
En Jiguaní, una zona con tradición tabacalera, el golpe duele más. Porque no es solo robo… es una traición directa al propio sistema que dicen defender.