La presión sobre el régimen cubano sigue subiendo de nivel, y esta vez viene respaldada con fuerza desde el Congreso de Estados Unidos. Tres legisladores republicanos salieron este viernes a apoyar la nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que refuerza el cerco contra La Habana y pone el foco en sus vínculos internacionales.
La medida no es menor. Amplía las sanciones contra figuras ligadas al poder en Cuba y también apunta a instituciones financieras que mantengan negocios con la isla. El mensaje es claro: el que haga tratos con el régimen, entra en la lista.
Uno de los primeros en reaccionar fue Carlos Giménez, quien dejó claro que esto no es un gesto simbólico. Advirtió que si el régimen sigue en la misma línea, las consecuencias pueden ser aún más duras. Y viendo el ritmo de las decisiones recientes, no parece una amenaza vacía.
Por su parte, María Elvira Salazar fue más directa en el tema geopolítico. Señaló que la cercanía del régimen con actores como Irán ya no es teoría, sino una realidad que preocupa a Washington. Un tema que eleva la tensión más allá de lo económico y lo mete de lleno en seguridad nacional.
Estas sanciones no salen de la nada. Forman parte de una estrategia que viene escalando desde inicios de 2026, cuando Estados Unidos declaró al régimen cubano como una amenaza. Desde entonces, la lista de medidas no ha parado de crecer: sanciones, intercepciones de petróleo y presión constante.
El impacto en la isla ha sido fuerte. La reducción de combustible ha golpeado directamente a una economía ya en crisis, con apagones interminables y una situación que no mejora. Menos recursos, más desgaste… y un sistema que no logra levantar cabeza.
Mientras tanto, desde La Habana repiten el discurso de “castigo colectivo”. Pero del otro lado, la narrativa es distinta: se trata de frenar a un régimen que, según Washington, juega en un tablero internacional cada vez más peligroso.
Incluso se habla de que la presión podría ir más allá de lo económico. El Departamento de Justicia mantiene abierta la puerta a posibles acciones legales contra figuras del régimen, lo que añade otra capa de tensión.