Desde su cuenta oficial, Marrero calificó estos delitos como especialmente graves por su impacto en la economía y en servicios básicos. Y razón no le falta, porque en un país donde ya casi no hay combustible, cada litro que se pierde agrava aún más el colapso.

El llamado llega después de una reunión con autoridades de todo el país, donde se analizaron cifras recientes sobre el robo de combustible. Pero más allá de los números, lo que queda claro es algo que el régimen evita decir: cuando el sistema no funciona, la ilegalidad crece.

Uno de los puntos más críticos es el robo de aceite de transformadores, que deja comunidades completas sin electricidad. En un país donde los apagones ya son parte de la rutina, esto es prácticamente echarle gasolina al fuego… nunca mejor dicho.

Marrero también pidió más controles en almacenes, centros de distribución y estaciones de servicio. Incluso habló de mejorar sistemas digitales para supervisar la venta. Pero el problema no es falta de controles… es falta de recursos y credibilidad.

Porque en la calle, la percepción es otra. La gente ve cómo el combustible desaparece, cómo aparecen negocios por la izquierda y cómo el control estatal no logra frenar nada. Y cuando eso pasa, el discurso oficial pierde peso.

El primer ministro también pidió sanciones para administradores que no cumplan con su trabajo. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿cuántos realmente responden por lo que está pasando?

En buen cubano: mucho hablar de “mano dura”, pero el problema sigue suelto.