El gobierno cubano ha tomado una medida drástica para impulsar los pagos electrónicos en los negocios del país, estableciendo sanciones severas para aquellos que no cumplan con la nueva normativa. A partir del 2 de febrero, Día de La Candelaria, la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) entra en vigor, exigiendo que todos los establecimientos comerciales en Cuba ofrezcan opciones de pago electrónico a sus clientes.
Esta resolución, publicada en el diario oficialista Granma, especifica que los negocios deben estar inscritos en el Registro Central Comercial (RCC) y contar con las facilidades necesarias para realizar transacciones electrónicas. Aunque el pago electrónico es opcional para los consumidores, los negocios que no ofrezcan esta modalidad enfrentarán consecuencias graves, incluyendo la suspensión de la actividad comercial, multas, cierre del establecimiento y, en casos de incumplimiento reiterado, el decomiso de los instrumentos, equipos, mercancías o efectos relacionados con la infracción.
La medida afecta tanto a personas naturales como jurídicas que realizan actividades comerciales sujetas a inscripción en el Registro. Se excluyen de esta obligación los establecimientos ubicados en zonas de silencio, que deben contar con un certificado emitido por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa).
Esta decisión del gobierno cubano refleja un esfuerzo por modernizar el sistema de pagos y reducir la circulación de efectivo. Sin embargo, también ha generado preocupaciones entre los emprendedores y dueños de negocios, especialmente aquellos que pueden encontrar dificultades para implementar estas tecnologías de pago. El primer ministro Manuel Marrero ha advertido que ningún negocio puede negarse a aceptar pagos electrónicos, lo que indica la seriedad con la que el gobierno está abordando este cambio.
