La pequeña localidad de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, ha sido testigo de un sombrío episodio tras las manifestaciones pacíficas que sacudieron la región en mayo de 2023. Seis presos políticos, cuyas familias han recibido recientemente peticiones fiscales, se encuentran ahora en la mira del régimen de La Habana, enfrentando acusaciones severas como resultado de su valiente lucha por la libertad y una vida digna.
Entre los afectados se encuentra Daniel Álvarez González, cuya imputación por desórdenes públicos e instigación a delinquir lleva consigo una sanción conjunta de 9 años de privación de libertad. Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquiz González, acusados de desórdenes públicos, enfrentan cada uno una condena de 6 años de cárcel.
Yandri Pelier Matos, imputado por desórdenes públicos, espera una sanción propuesta de 4 años, mientras que Felipe Octavio Correa Martínez y Rodolfo Álvarez González enfrentan condenas de 6 años cada uno por atentado y desórdenes públicos, respectivamente.
Las manifestaciones de mayo de 2023 fueron reprimidas brutalmente por las fuerzas del régimen, evidenciando la intolerancia del gobierno hacia cualquier forma de disidencia. La desconexión de la electricidad e internet en la isla durante esos eventos subraya el intento del gobierno de evitar la repercusión mediática de sus acciones.
La entrega de estas peticiones fiscales a las familias marca un nuevo capítulo en la larga historia de represión en Cuba, subrayando la voluntad del régimen castrista de castigar a aquellos que osan alzar la voz en busca de un cambio. La respuesta internacional y de defensores de los derechos humanos no se ha hecho esperar, condenando estas acciones como un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
