En una operación policial en Las Villas, se interceptó un autobús Yutong que transportaba una carga inusual: más de 1600 libras de queso fresco destinado hacia La Habana, la capital cubana.
En cualquier otra parte del mundo, este tipo de transporte de alimentos sería una actividad comercial común y legal. Sin embargo, en Cuba, las cosas son distintas. Aquí, la simple compra y venta de queso fresco se convierte en un acto delictivo, aun cuando el producto no ha sido robado, sino adquirido legítimamente a los productores locales.
La compleja cadena de producción y distribución del queso en Cuba opera en un limbo legal. Los productores lácteos carecen de la autorización para elaborar queso, y los comerciantes enfrentan restricciones para acopiar y revender el producto. Esta situación peculiar crea una paradoja: una actividad esencial para la subsistencia se convierte en un delito debido a la ausencia de una vía legal para llevarla a cabo.
El asombroso decomiso de queso fue ampliamente difundido a través de perfiles vinculados a la seguridad del estado, como la cuenta de Facebook “Fuerza del Pueblo”. En su publicación, los 13 comerciantes detenidos fueron catalogados como “acaparadores”.
Según la misma fuente, el queso decomisado fue entregado en su totalidad a una procesadora láctea estatal, con el objetivo de mejorar su calidad y destinarlo al consumo social. Sin embargo, no se especificó si el queso sería destinado a empresas turísticas o a la población en general.
El decomiso tuvo lugar en el municipio de Placetas, en la madrugada del 21 de marzo, a lo largo de la carretera que conduce a Fomento. Esta situación resalta las complejidades y contradicciones presentes en el comercio de alimentos en Cuba, donde la necesidad de subsistencia a menudo choca con las restricciones legales impuestas por el gobierno.
