Este 13 de julio se cumplen 35 años del fusilamiento del General Arnaldo Ochoa Sánchez, el Coronel Antonio de la Guardia Font y sus ayudantes personales, el Mayor Amado Padrón Trujillo y el Capitán Jorge Martínez Valdés. Este evento marcó el punto final de la conocida causa 1/89, un proceso judicial que sacudió tanto a Cuba como al mundo.
En un lugar no identificado oficialmente por el Gobierno cubano, pero conocido por estar cerca de una base aérea militar al oeste de La Habana, un pelotón de fusilamiento compuesto por seis hombres ejecutó a Arnaldo Ochoa y a los otros tres militares cubanos, acusados de narcotráfico y alta traición. Este proceso, conocido como Causa 1/89, denunciaba que altos cargos militares cubanos estaban involucrados en negocios y tráfico de drogas con carteles internacionales, como el Cartel de Medellín dirigido por Pablo Escobar Gaviria.
Arnaldo Ochoa era el general con más prestigio en las Fuerzas Armadas de Cuba. Dos días antes de su arresto en La Habana, el 11 de junio, la prensa internacional ya se hacía eco de la información de que funcionarios de la administración del presidente George Bush (padre) estaban investigando un aumento en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en el que supuestamente estaban implicadas directamente autoridades cubanas.
Antes de esto, un Gran Jurado estadounidense había acusado formalmente y en ausencia a Aldo Santamaría Cuadrado, Vicealmirante y Jefe de la Marina Cubana, por brindar aprovisionamiento y protección a barcos que transportaban drogas de Cuba, procedente de Colombia, con destino a Estados Unidos. El proceso judicial fue rápido y muchos detalles jamás salieron a la luz pública, a pesar de que el juicio fue transmitido por la televisión cubana, aunque no en vivo. Numerosas interrogantes y leyendas se han tejido sobre lo que realmente sucedió, manteniéndose muchas cuestiones solo entre la alta dirigencia de la nación caribeña.
Un mes antes, el 12 de junio, Ochoa había sido “arrestado y sometido a investigación por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos”, según informó el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Dos días después, el 14 de junio, los medios estatales de la isla anunciaron que “el General de División Arnaldo Ochoa Sánchez había sido arrestado y sometido a investigación por graves hechos de corrupción”.
Esa misma semana se dio a conocer que estaba acusado de estar involucrado en “algunas operaciones de tráfico de drogas” con el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar. Este era un golpe devastador para la imagen del ejército cubano y para Ochoa, quien había recibido la condecoración más alta del país, Héroe de la Revolución. Los rumores indicaban que a todos los implicados se les había prometido perdón al final del juicio y que solo serían destituidos de sus cargos militares y políticos. Confiando en esta presunta condición, todos los acusados, incluyendo el General Ochoa, aceptaron los cargos y reconocieron los delitos imputados, haciendo una fuerte autocrítica y exculpando a la cúpula gobernante de cualquier participación en las operaciones de tráfico de drogas.
En el juicio, Ochoa aseguró: “La Revolución me tiene a su servicio, y si se me impone esta condena que pudiera ser fusilamiento, en ese momento, les prometo a todos, que mi último pensamiento será para Fidel Castro por la gran Revolución que le ha dado a este pueblo. Gracias”. Otros 12 oficiales fueron implicados, acusados de narcotráfico y corrupción. De los de alto nivel, solo fueron perdonados y sometidos a largas condenas de cárcel el General de Brigada Patricio de la Guardia y el Teniente Coronel Alexis Lago Arocha.
Durante el proceso judicial, los cuatro oficiales fusilados, Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón, fueron acusados de actos hostiles contra un Estado extranjero, tráfico de drogas en colaboración con el cartel de Medellín y uso indebido de recursos financieros y materiales. El resto de los acusados recibieron penas de 10, 15 y 30 años de cárcel.
Ochoa había sido el jefe de las misiones internacionales militares de Cuba en Etiopía y Angola. Era uno de los pocos generales en el país que ostentaban el título de Héroe de la República y contaba con una enorme popularidad y respeto entre los miembros del Ejército cubano. Su caída fue un golpe no solo para él personalmente, sino también para la moral y la percepción pública de las fuerzas armadas cubanas.
El Ministro del Interior, José Abrantes, uno de los asistentes más antiguos y cercanos a Fidel, ex jefe de su escolta personal y general, fue arrestado luego junto a otros seis oficiales del MININT por no haber impedido el narcotráfico y la corrupción. Abrantes murió de un ataque al corazón en 1991, mientras cumplía una condena de 20 años.
