La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha dirigido una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitando medidas de protección para los migrantes cubanos beneficiados por el programa de Parole Humanitario y que actualmente buscan regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. Según la representante de Florida, es crucial que estas personas no sean deportadas mientras completan sus trámites.
Un llamado a la protección de los derechos migratorios
En su comunicación al DHS, Salazar subrayó la importancia de permitir que los cubanos que llegaron a Estados Unidos mediante el programa de 30,000 visas puedan avanzar en su proceso de asilo político y, eventualmente, acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Además, extendió su solicitud a los migrantes venezolanos en situaciones similares, enfatizando que no deberían ser deportados mientras esperan la resolución de sus casos legales.
¡No castiguen a quienes buscan un futuro mejor!
En un mensaje publicado en la red social X, Salazar expresó: “Pedí al Departamento de Seguridad Nacional que protejan a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos sin antecedentes penales que están en proceso de asilo. ¡No los castiguen por los errores de Biden!”. Este llamado destaca su preocupación por las implicaciones de las políticas migratorias actuales en los grupos más vulnerables.
Impacto de los cambios en las normativas migratorias
El contexto de esta petición está marcado por la creciente tensión en torno a las políticas migratorias. Tras las nuevas facultades otorgadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el gobierno de Donald Trump, los beneficiarios de programas como el Parole Humanitario y CBP One enfrentan riesgos de deportación, incluso si sus trámites migratorios siguen abiertos. Estos programas, introducidos bajo la administración de Joe Biden, se han convertido en blanco de críticas y acciones restrictivas.
Más de un millón de inmigrantes afectados
Un memorando del DHS divulgado en enero de 2025 revela que más de 1.46 millones de inmigrantes que ingresaron mediante estos programas podrían ser deportados bajo las nuevas directrices. Esta situación ha generado reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que tales medidas violan derechos constitucionales y el debido proceso, poniendo en peligro el futuro de miles de familias.
