En una jugada inesperada que cayó como balde de agua fría para la nueva administración de Donald Trump, una jueza federal en Estados Unidos decidió ponerle pausa a la eliminación del programa de parole humanitario (CHNV), una política migratoria que ha sido la tabla de salvación para más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La jueza Indira Talwani, nominada durante el mandato de Obama, no se dejó llevar por la corriente y aceptó este lunes una moción de emergencia que frena temporalmente la cancelación masiva de permisos. ¿La razón? El gobierno no estaba evaluando caso por caso, como manda la ley.
“Esto no puede ser a la carrera”, vino a decir, dejando claro que las cosas se deben hacer con cabeza y no a lo loco.
Preocupación judicial por una salida sin mirar atrás
Talwani dejó claro que le preocupaba profundamente que se pretendiera borrar de un plumazo la situación de miles de personas sin ni siquiera mirar sus casos individuales. Según ella, esos migrantes tienen derecho a trabajar, a ajustar su estatus, e incluso a aplicar a otros beneficios. No se les puede tratar como si fueran números sin rostro.
Imagínate tú, después de haberte asentado legalmente, que te digan de un día para otro: “Tienes que irte, sin más”. Pues justo eso era lo que estaba en juego. La jueza lo resumió bien claro: dejar a estas personas sin opciones sería obligarlas a elegir entre irse por su cuenta o esperar que los deporten.
La suspensión judicial: una bocanada de aire para miles de migrantes
En su decisión, la jueza ordenó congelar todas las notificaciones de revocación que el USCIS había mandado a los beneficiarios del parole. Todo queda en pausa hasta que se emita una nueva orden. Nadie se va por ahora, y nadie pierde su permiso así porque sí.
Además, Talwani fue bien directa: no es justo ni sensato declarar de un plumazo que cientos de miles de personas ya no están legalmente en el país, dejándolos sin poder trabajar ni mantener a sus familias.
Durante la audiencia previa, no se guardó nada. Cuestionó que el Departamento de Seguridad Nacional hubiera tomado la decisión sin bases legales sólidas. «Esto se hizo con una interpretación torcida de la ley», dejó caer sin medias tintas.
Una batalla legal que defiende el derecho a quedarse
Los abogados que impugnaron la revocación del CHNV argumentaron que aquello era una acción “sin precedentes”, fuera del marco de lo que permite la ley. Denunciaron que cortar el programa así, de golpe, dejaría a cientos de miles sin papeles, sin trabajo y al borde del abismo.
Por su parte, el gobierno de Trump salió al paso defendiendo su autoridad para terminar el programa y revocar los permisos otorgados. Según ellos, todo estaba dentro de lo que les permite la ley. Pero la jueza no se tragó ese cuento y les paró los pies. No hay justificación sólida para echar a la calle a gente que entró de forma legal y con papeles en regla.
¿Qué es el parole humanitario CHNV y cómo funciona?
Este programa fue lanzado por el gobierno de Biden en 2022 como una vía rápida y ordenada para que personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieran entrar a Estados Unidos con un patrocinador que se hiciera responsable de ellos.
Se les daba un permiso temporal de dos años. Durante ese tiempo podían trabajar legalmente, solicitar ayuda humanitaria o gestionar un cambio de estatus migratorio. Hasta fines de 2024, más de medio millón de personas se habían acogido a esta política: más de 110 mil cubanos, más de 200 mil haitianos, cerca de 93 mil nicaragüenses y unos 117 mil venezolanos, según cifras oficiales del USCIS.
Trump y su intento de echar abajo el programa
Apenas 24 horas después de volver a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, Trump dio la orden de acabar con el parole CHNV. Según su equipo, el programa había sido usado “de forma abusiva” para permitir la entrada indiscriminada de migrantes. “Esto se acabó el primer día”, dijeron en un comunicado.
La orden implicaba quitar los permisos de residencia y trabajo a partir del 24 de abril de 2025, dejando en el aire a miles de personas que aún no habían regularizado su situación migratoria.
Pero la jugada no les salió del todo bien. La medida apenas encontró eco en el Congreso, salvo algunas voces cubanoamericanas en Florida que, curiosamente, pidieron hacer una excepción para los venezolanos.
Entre las primeras órdenes ejecutivas de Trump también se incluyó la deportación rápida de beneficiarios de parole que no hubieran iniciado su cambio de estatus. Sin embargo, el freno judicial les cambió los planes… al menos por ahora.
Un respiro, pero la batalla sigue
La decisión de Talwani no es definitiva, pero sí marca un antes y un después. Por ahora, los permisos siguen vigentes, los beneficiarios pueden respirar un poco más tranquilos y el gobierno tendrá que justificar cada paso que quiera dar.
Habrá que ver cómo evoluciona esta pelea legal, pero lo cierto es que la justicia le dio un chance a miles de personas para seguir construyendo su vida en Estados Unidos sin tener que mirar por encima del hombro.
