Un personaje que estuvo bien metido en las entrañas del poder en Cuba —y que por años formó parte del engranaje represivo del Ministerio del Interior (MININT)— ahora vive tranquilamente en Boca Ratón, Florida, esperando que le aprueben la residencia en Estados Unidos. Se trata de Héctor Alejandro Hernández Morales, un exteniente coronel con vínculos estrechísimos con la cúpula del castrismo.
El periodista Mario J. Pentón fue quien sacó a la luz la historia, revelando detalles del pasado de este exmilitar que, aunque hoy mantiene un perfil bajito, fue durante años una pieza clave del aparato de control interno del régimen cubano.
Un hijo del sistema, criado para servir al poder
Héctor Alejandro no es cualquier exoficial. Viene de una familia que respiraba Seguridad del Estado por todos los poros. Su padre, Lázaro Cirilo Hernández, fue escolta personal de los hermanos Fidel y Raúl Castro, así que el destino del hijo parecía trazado desde chiquito.
Desde joven fue moldeado por el discurso oficial. Con apenas 12 años ya salía retratado en el periódico Juventud Rebelde, junto al mismísimo Fidel, en plena época del primer congreso pioneril. Esa cercanía con el Comandante no fue casual: durante años, Hernández Morales asumió cargos de peso dentro del MININT, incluyendo la jefatura de la Policía política en Morón, Ciego de Ávila, y funciones dentro del cuerpo de escoltas de alto rango.
En entrevistas dadas antes de su silencio actual, llegó a decir que veía su trabajo como una manera de «honrar el legado de su padre», cuidando “la integridad física y moral” de los principales dirigentes del país. Es decir, él no estaba allí por accidente. Era parte del núcleo duro.
Del Cayo Coco a la Florida
Durante más de una década, también fue el hombre de la Seguridad del Estado en la cayería norte de Ciego de Ávila, una zona clave tanto en lo turístico como en lo militar. O sea, el hombre no era un cualquiera: conocía los resortes del poder por dentro y por fuera.
Ahora, ya fuera del uniforme y del adoctrinamiento, Hernández llegó a EE.UU. con una visa de turismo en agosto de 2024, junto a una de sus hijas. Su esposa, Yisel Cabrera, y otra hija ya estaban acá recibiendo tratamiento médico por un cáncer, por lo que fue recibido por un familiar, Rolando García, quien hasta el momento ha preferido no hablar del tema.
Silencio absoluto y redes cerradas
Desde que aterrizó en suelo estadounidense, el exmilitar ha optado por el bajo perfil. Cerró sus redes sociales, se mantuvo alejado del foco público y no ha hecho ninguna declaración que indique un cambio de postura ideológica o un arrepentimiento real por sus años en el sistema.
Y eso, para muchos cubanos, no pasa por alto. Especialmente en un contexto donde las heridas de la represión del 11J siguen abiertas, y muchos exigen justicia para quienes sufrieron cárcel y represión. Aunque no hay evidencia directa que lo vincule a esos hechos, su trayectoria lo coloca como alguien que pudo haber estado al tanto o incluso participado en acciones represivas.
Por ahora, su nombre no aparece en la lista de los 100 represores cubanos que el congresista Carlos Giménez entregó al Departamento de Seguridad Nacional. Pero el debate está encendido.
¿Y quién le pone el cascabel al gato?
El caso de este exoficial vuelve a poner sobre la mesa un tema incómodo pero urgente: ¿cómo es posible que exfuncionarios del régimen cubano, con pasado represivo, logren entrar a Estados Unidos y hasta pidan residencia?
Organizaciones como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba llevan tiempo advirtiendo que hay más de cien represores identificados viviendo cómodamente en el exilio, algunos incluso sin ocultar sus simpatías por el sistema que antes defendían.
Esto no solo duele a las víctimas del castrismo, también desata preocupación entre quienes llevan años luchando por una Cuba libre, porque si no se filtra con lupa quién entra por esa puerta, Estados Unidos podría convertirse, sin quererlo, en refugio de los mismos que un día aplastaron las libertades de otros.
