En Cuba, cuando se habla de tribunales y opositores, rara vez la balanza se siente equilibrada. Esta vez, la polémica vuelve a estallar tras la revocación de la libertad condicional a José Daniel Ferrer y Félix Navarro, dos rostros bien conocidos en la lucha opositora dentro de la isla.
La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, salió en la televisión nacional a justificar la movida, asegurando que los activistas no cumplieron con lo que se les había impuesto al ser excarcelados anticipadamente. Pero entre líneas, muchos leen otra cosa.
“Publicaciones desafiantes” y reuniones con diplomáticos
Según Sosa Ravelo, aunque las publicaciones en redes sociales y los encuentros de ambos opositores con el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. no son formalmente la causa de esta medida, sí levantarán “alertas” que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
“Ellos han llamado al desorden y al desacato”, comentó en su intervención, dejando claro que la narrativa del régimen sigue girando en torno al control absoluto del discurso.
Y mientras el gobierno habla de ley, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos ven una nueva maniobra para silenciar voces incómodas. Porque a fin de cuentas, en Cuba la línea entre lo legal y lo político es tan delgada que casi ni se ve.
¿Qué pasó exactamente?
A Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se le acusa de no haberse presentado ante el tribunal en dos ocasiones, una obligación que formaba parte de las condiciones de su excarcelación. Pero el propio Ferrer había avisado en redes que no reconocía ese proceso, que para él no es más que una fachada.
Navarro, por su parte, habría salido de su municipio en siete ocasiones sin pedir permiso al tribunal, algo que según la nota oficial fue “en franco irrespeto a la ley”. Recordemos que él es parte del histórico Grupo de los 75 y encabeza el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
Reacciones que arden en redes y más allá
Las redes sociales estallaron tras conocerse la medida. Mensajes de indignación, denuncias de abuso y críticas al sistema judicial como instrumento de represión no se hicieron esperar.
El periodista José Raúl Gallego fue directo al hueso: “Sicarios. Crean la ley a conveniencia y la usan a conveniencia. Los revocan para silenciarlos y volver a usarlos como moneda de cambio”.
El Departamento de Estado de EE.UU. también se pronunció, condenando la detención y señalando el trato inhumano hacia Ferrer, su familia, Navarro y otros activistas. Desde Washington, ven esto como una señal más del uso brutal de la ley para acallar disidentes.
Por su parte, el gobierno cubano no se molesta en disimular la carga política de la medida. El vicecanciller Carlos F. de Cossio salió en X (antes Twitter) con su habitual retórica, defendiendo el derecho de Cuba a protegerse de lo que llama “agresión de Estados Unidos”, mientras acusaba al diplomático norteamericano en La Habana de actuar como un agitador.
Una vieja jugada con nuevos actores
El encarcelamiento de Ferrer y Navarro no es un caso aislado, sino parte de una estrategia repetida: se criminaliza al opositor, se le encierra, se le suelta con condiciones imposibles y luego se le castiga por no obedecer.
Y así, mientras el discurso oficial habla de leyes y orden, la realidad muestra un sistema judicial usado como garrote contra quienes piensan diferente.
