El régimen cubano le pone nombre a lo que no quiere mostrar: la indigencia. Bajo el disfraz de un nuevo reglamento legal, el Gobierno ha oficializado cómo atender a las personas con “conducta deambulante”, una forma rebuscada de referirse a quienes viven en la calle, piden limosna o no tienen ni un rincón donde caer muertos.
La norma en cuestión, recogida en el Acuerdo 10056/2025 del Consejo de Ministros y publicada en la Gaceta Oficial, ya está en vigor desde el 28 de abril. Define esta realidad como un “trastorno del comportamiento humano multicausal”, atribuyéndolo a la falta de hogar estable, carencia de apoyo familiar y ausencia de un “proyecto de vida favorable”. Más que una definición, parece una forma elegante de no decir que en Cuba hay pobreza extrema.
El discurso oficial se cuida de no mencionar ni la palabra “indigente” ni “pobre”, y opta por un enfoque que suena más a control social que a asistencia real. Belkis Delgado Cáceres, directiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), explicó al periódico Granma que se actuará contra aquellos que se resistan a las “acciones profilácticas”, siempre y cuando no presenten discapacidad intelectual o mental. Así, a quien no quiera someterse al “acompañamiento”, se le trata como un problema a corregir, no como una víctima de un sistema fallido.
¿Y quién tiene la responsabilidad de gestionar todo esto? Pues el gobierno local. El gobernador provincial coordina el proceso y el intendente municipal monta equipos “multidisciplinarios” formados por trabajadores sociales, personal médico y la Policía. Sí, la Policía. A la pobreza en Cuba no se le combate con derechos, sino con vigilancia.
Estos equipos deben clasificar casos, diseñar estrategias y decidir qué hacer con cada persona. Si se trata de menores, se suman funcionarios de Educación, oficiales del Ministerio del Interior, y en casos más serios, hasta la Fiscalía y los tribunales. Todo bajo un lenguaje que promete acompañamiento, pero huele más a represión que a ayuda.
El objetivo, según Delgado, es “garantizar la reinserción al núcleo familiar y el retorno a su lugar de origen”, lo que se traduce en: “fuera de la vista, fuera del problema”. No se habla de inclusión social, ni de respeto a la voluntad de estas personas. Se habla de “devolución” y “seguimiento”, como si fueran paquetes extraviados.
Los Centros de Protección Social son el corazón de este esquema. Según el gobierno, son espacios donde las personas sin hogar pueden convivir de manera voluntaria hasta por 90 días. Hay nueve centros en todo el país, distribuidos entre Pinar del Río y Santiago, y se está evaluando abrir más. Pero no hay información clara sobre las condiciones en estos centros ni cuántas personas realmente han salido de la calle gracias a ellos.
Delgado asegura que la estancia no será indefinida, que a los mayores se les puede enviar a hogares de ancianos y a los menores de 60 se les intentará reintegrar laboral y socialmente. También se mencionan tratamientos para adicciones y apoyo médico. Todo suena bonito en el papel, pero la realidad es que se trata de una política de contención, no de transformación.
El protocolo de identificación también genera alarma. Se instruye a médicos, enfermeras y trabajadores sociales a localizar posibles casos en comunidades y familias con “riesgo social”. Cuando se detecta un menor, debe notificarse inmediatamente a las autoridades correspondientes, y si no hay parientes que lo acojan, el Estado lo asume… pero no con amor, sino con expediente.
El Estado cubano no busca erradicar la pobreza, sino a los pobres. Lo importante es que no se vean, que no estén tirados en las calles turísticas, que no manchen la imagen de “isla resistente”. Como señaló un internauta en Cubadebate: “Una cosa es erradicar la mendicidad, otra es erradicar a los mendigos.”
La raíz del problema, el colapso económico del país, ni se menciona. No se habla del envejecimiento poblacional, ni del éxodo masivo, ni de la destrucción del tejido familiar. Todo se reduce a la narrativa de “desatención familiar” y, como no puede faltar, el “bloqueo” de Estados Unidos. La autocrítica brilla por su ausencia.
Un reportaje reciente del periódico Girón mostró con crudeza cómo muchos jubilados cubanos, después de haber trabajado toda su vida, terminan en la calle, sobreviviendo como pueden. En medio de la presión social y el evidente deterioro del país, hasta Miguel Díaz-Canel ha tenido que reconocer el aumento de la mendicidad, el trabajo infantil y el asedio a turistas. Claro, sin ofrecer soluciones de fondo.
Desde mediados de 2024, la narrativa del régimen ha cambiado: ahora se habla de “reubicación forzosa” de los deambulantes en centros de protección, como si eso fuera una respuesta estructural. Y no es un problema menor. Las propias autoridades admitieron que el número de mendigos se ha triplicado en los últimos años.
Mientras tanto, la desigualdad crece sin freno, y medios internacionales como The Times han descrito la situación cubana como “un país en ruinas donde la gente pasa hambre”. No es exageración: en 2023, Cuba fue considerada la nación más pobre de América Latina, según DatoWorld, con un índice de pobreza del 72 %.
Este nuevo reglamento no es una solución. Es un maquillaje. Un intento más de esconder una fractura social que ya no cabe bajo la alfombra del discurso revolucionario. Y mientras tanto, miles de cubanos siguen durmiendo en las aceras, esperando que alguien los vea… sin necesidad de que los “clasifiquen” primero.
