La administración de Donald Trump volvió a sacudir el tablero migratorio al presentar una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de EE.UU. con el propósito de tumbar el programa de parole humanitario, ese mismo que abrió las puertas legales a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Este plan fue una jugada estrella de la era Biden, que ofrecía una vía segura para que estas personas llegaran por avión, con un patrocinador económico y con papeles temporales en regla por dos años, incluyendo permiso para trabajar. Pero apenas Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, le metió el freno y arrancó el proceso para darle reversa completa.
Sin embargo, una jueza federal en Boston, Indira Talwani, le dijo “¡quieto para’o!” a esa decisión, dejando claro que no se puede eliminar el programa de un plumazo sin revisar cada caso individual, como manda la ley. Esa jugada del tribunal, según la administración Trump, le pisa los callos al poder ejecutivo para manejar temas migratorios y relaciones exteriores.
“Se ha frenado una de nuestras decisiones más importantes en migración”, soltó el procurador general John Sauer, dejando claro que el equipo de Trump no piensa rendirse tan fácil. Para ellos, mantener este programa abierto solo alimenta el cruce irregular en la frontera y complica los operativos de deportación.
La Corte Suprema ahora tiene la papa caliente y dio plazo hasta el 15 de mayo para que los demandantes —migrantes beneficiarios y sus patrocinadores— respondan a la apelación. El caso promete encender el debate migratorio en los próximos días.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de migrantes no se quedaron calladas y tildaron el intento de eliminar el parole como una medida “cruel” y “absurda”. Advierten que cientos de miles de personas quedarían en el limbo legal, con el temor constante de ser deportados a sus países, muchos de ellos marcados por la violencia o la crisis.
Los cubanos son de los más preocupados, especialmente aquellos que no han cumplido el año y un día necesario en suelo estadounidense para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Si el parole se elimina antes de ese plazo, su oportunidad de legalizarse permanentemente se esfumaría como el humo.
Este pulso judicial no es un caso aislado, sino parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para desmantelar las políticas migratorias progresistas de Biden, quien apostó por soluciones legales y organizadas para bajar la presión en la frontera sur sin caer en redadas ni deportaciones masivas.
La gran pregunta ahora es: ¿permitirá la Corte Suprema que se cancele un programa que ha sido un salvavidas para más de medio millón de personas? El destino de miles de familias, muchas ya integradas a la vida y el trabajo en EE.UU., está colgando de un hilo.
