Al rapero cubano Eliexer Márquez Duany, mejor conocido como El Funky, le acaban de meter tremendo jarro de agua fría: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) le negó la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, alegando que presenta antecedentes penales en la isla.
La noticia fue confirmada por el periodista Mario J. Pentón, quien explicó que, según las reglas del USCIS, no importa si vienes de una dictadura o de Marte: si tienes historial delictivo en tu país de origen, se te puede cerrar la puerta. Y eso fue justamente lo que le pasó al intérprete de Patria y Vida.
El Funky, que desde su llegada a Estados Unidos en 2021 ha sido una de las voces más visibles del exilio cubano, recibió una carta de denegación el pasado 30 de abril. En el documento —al que tuvo acceso la revista El Estornudo— se menciona una condena de un año y tres meses por “posesión y tráfico de drogas ilegales” en Cuba, fechada en 2017.
El problema, al parecer, fue de papeles. En vez de entregar su certificado de antecedentes no penales de Estados Unidos, presentó el de Cuba, quizás por desconocimiento o asesoría deficiente. Y eso bastó para que le negaran el ajuste.
Pero la historia no se queda ahí. En la misma misiva, Inmigración lo declaró “inadmisible” y le dio un plazo de 33 días para salir del país, advirtiendo que, de no hacerlo, podría comenzar un proceso formal de deportación ante un juez.
A pesar de la presión, su abogado Miguel Inda-Romero no se ha quedado de brazos cruzados. Con tono firme y hasta un poco guapetón, soltó: “¡Yo estoy defendiendo al Funky! ¡Tranquilos, que él no va para ningún lado!”.
El caso aún tiene opciones legales sobre la mesa. Pueden interponer una apelación ante la Oficina Administrativa de Apelaciones (AAO), presentar una moción para reabrir o reconsiderar, o incluso, si el caso llega a Corte, defenderlo ante un juez de inmigración. También podrían explorar un “waiver” o perdón por inadmisibilidad, basado en factores como persecución política o matrimonio con un ciudadano estadounidense.
Y aquí es donde entra el punto más caliente del asunto. Según organizaciones como el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) y Artists at Risk Connection (ARC), los cargos que le imputaron en Cuba tienen un fuerte tufo político. Acusan al régimen de fabricar delitos comunes para deshacerse de activistas, artistas incómodos y voces disidentes.
Desde su llegada al exilio, El Funky no ha soltado la lengua contra el gobierno cubano. Ha defendido a los presos políticos, ha denunciado la represión, y se ha convertido en un símbolo de la lucha artística por la libertad.
Por eso, si lo deportan, el riesgo es serio. Volver a Cuba podría costarle su libertad, o algo peor, advierten activistas y defensores de derechos humanos. La persecución y las represalias están casi garantizadas para alguien que ha usado su música como trinchera política.
La batalla legal recién comienza, y el futuro del rapero —al menos en términos migratorios— cuelga de un hilo. Pero si algo ha demostrado El Funky, es que cuando le cierran una puerta, él te improvisa una entrada por la ventana.
