La película se repite y no precisamente con final feliz. El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a poner a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, una decisión que ya viene calentando la escena política entre Washington y La Habana desde hace rato.
Esta movida, liderada ahora por el secretario de Estado Marco Rubio, se justificó con que el gobierno cubano no dio señales de querer colaborar en temas clave como el retorno de fugitivos de la justicia estadounidense, muchos de los cuales están acusados de delitos graves, incluso relacionados con terrorismo.
Según el comunicado oficial, al menos once prófugos viven en la isla, y La Habana se ha negado rotundamente a discutir su repatriación. Esto, sumado a otras trabas recientes en materia de cooperación legal y de seguridad, dejó claro para los gringos que no hay con quién negociar en ese terreno.
“Cuba se cerró en banda”, dice el documento, que deja claro que cualquier intento de colaboración en 2024 fue como echar agua en canasta. Y con eso, el país caribeño queda en la misma categoría que Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela —una especie de “club” al que nadie quiere pertenecer—.
Ahora, estar en esa lista no es un simple sello rojo. Implica la prohibición total de vender o exportar artículos y servicios de defensa a Cuba, lo que sigue apretando las tuercas económicas y diplomáticas. Ojo: esta certificación se maneja aparte de la temida lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, aunque entre líneas, se siente la misma música.
Todo esto confirma que la Administración Trump, en su segundo mandato, no está para andarse con paños tibios con el régimen cubano. Ya lo dejó claro un alto funcionario en declaraciones al Miami Herald: “No vamos a mirar para otro lado mientras haya países que protegen a criminales buscados por la justicia estadounidense”.
Uno de los nombres que más resuena en este asunto es el de Assata Shakur (antes Joanne Chesimard), exmilitante del movimiento Panteras Negras y condenada por el asesinato de un policía en Nueva Jersey allá por 1973. Está refugiada en Cuba desde hace décadas, el FBI la tiene en su lista de los terroristas más buscados y ofrece hasta un millón de dólares por su captura.
Aunque su posible extradición se ha mencionado varias veces en contextos diplomáticos, hasta ahora eso no ha pasado de ser una conversación sin resultados. Y no solo se trata de ella: se calcula que más de 70 prófugos estadounidenses estarían viviendo en la isla bajo protección o al menos sin presión oficial para entregarlos.
Este tira y jala viene desde hace años. Recordemos que Barack Obama había sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2015, como parte del acercamiento entre ambos gobiernos. Pero cuando llegó Trump en su primer mandato, devolvió a la isla a la lista en 2021. Y ahora, en este segundo round, repite la jugada con más fuerza.
Para que se entienda el giro: en enero de 2025, justo antes de salir de la Casa Blanca, la administración Biden sacó a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, una señal de querer relajar un poco las tensiones. Pero en cuanto Trump volvió al poder, el 20 de enero, revocó esa decisión en tiempo récord y devolvió a la isla al listado negro, dejando claro que la línea dura está más viva que nunca.
