La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) soltó este jueves una decisión que está dando de qué hablar. En resumen, ratificaron que los migrantes que entran a Estados Unidos sin autorización, pero son liberados, debieron haber recibido un permiso legal de permanencia temporal, conocido como parole.
Aunque el caso que analizaron, Matter of Q. Li, 29 I&N Dec. 66 (BIA 2025), tiene como protagonista a una ciudadana china, las consecuencias de esta decisión podrían sentirse fuerte entre la comunidad cubana, especialmente aquellos que cruzaron la frontera y fueron liberados con el famoso formulario I-220A, sin recibir un parole formal.
¿Qué fue lo que dijo la BIA, en buen cubano?
El fallo dejó claro que cualquier persona que haya entrado al país sin ser admitida oficialmente —ni por un puerto de entrada ni mediante parole—, se considera legalmente como solicitante de admisión. Y aquí viene el detalle picante: esas personas están sujetas a detención obligatoria y no tienen derecho a fianza, según la sección 235(b) de la Ley de Inmigración.
Y si por casualidad a alguien se le otorgó parole pero después se lo quitaron, entonces también pierde el derecho a solicitar libertad bajo fianza y debe regresar a custodia.
¿Y cómo se traduce esto para los cubanos con I-220A?
Muchos cubanos que entraron por la frontera fueron liberados con ese documento, pero sin haber sido oficialmente admitidos ni haber recibido parole. Luego, en la mayoría de los casos, los pusieron en proceso de deportación con una NTA (Notificación de Comparecencia). Ahora, esta decisión podría tener un impacto mixto para ellos.
Por un lado, se abre una ventanita legal interesante: como el fallo distingue entre el tipo de entrada y la forma de detención, se podría argumentar que aquellos con I-220A no están bajo la sección 235(b), sino bajo la 236(a). Eso significaría que sí tendrían derecho a pedir fianza o incluso a reabrir sus casos migratorios.
Pero cuidado, que no todo son buenas noticias. La decisión también refuerza que, si el gobierno logra etiquetar a estos cubanos como «solicitantes de admisión», entonces automáticamente quedarían fuera del alcance de cualquier fianza, aunque hayan pasado meses o hasta años en libertad.
Y para rematar, esto podría darle luz verde al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para revisar sus casos, reetiquetar su estatus migratorio, y hasta quitarles beneficios ya otorgados, como el parole o la posibilidad de ajustar su estatus a través de procesos legales.
