Un nombre que en Guantánamo significaba autoridad y represión ahora se pasea por las calles de Tampa, Florida. Se trata de Amalio Alfaro Matos, exjuez cubano que, según denuncias de opositores, firmó sentencias contra presos políticos en la isla y hoy busca acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para conseguir su residencia permanente en Estados Unidos.
Alfaro llegó al país el 12 de abril de 2023 gracias al parole humanitario, ese salvavidas migratorio que la administración de Biden puso en marcha para facilitar la entrada legal de cubanos que cuenten con patrocinadores. Pero la noticia de su presencia en territorio estadounidense ha caído como un cubo de agua fría entre quienes alguna vez sufrieron las consecuencias de su firma.
“Era parte del engranaje represivo”
En su tierra natal, Alfaro Matos fue presidente de la Sala Penal del Tribunal Provincial de Guantánamo. Una figura poderosa en el aparato judicial cubano, con capacidad para decidir quién entraba y quién salía de prisión. Ahora, sin embargo, está del otro lado del mostrador: en suelo americano, esperando por un permiso de trabajo que no acaba de llegar y con su estatus migratorio pendiendo de un hilo.
Pero lo que realmente ha encendido las alarmas entre la comunidad exiliada es su pasado. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado en 2019 tras cubrir el juicio a dos pastores evangélicos, no tiene dudas: Alfaro fue el responsable directo de su condena. “Nunca permitió apelación ni me concedió amparo. Jugó su papel de verdugo con mucha disciplina”, denunció.
Y no es el único. La organización Prisoners Defenders también lo ha vinculado a la condena de Éider Frómeta Allen, activista del oriente cubano que lideró la campaña #YoVotoNo y aún permanece tras las rejas, en condiciones críticas.
¿Cómo llegó alguien así a Estados Unidos?
Esa es la gran pregunta que muchos se hacen en voz alta. Incluso en Washington, el tema llegó a los pasillos del Congreso. En una reciente audiencia, el representante Carlos Giménez levantó la ceja y cuestionó de frente a la secretaria de Seguridad Nacional sobre cómo exfuncionarios del régimen, señalados como represores, están entrando a EE. UU. bajo programas humanitarios.
La respuesta no fue del todo tranquilizadora. La funcionaria admitió que los mecanismos migratorios “han sido pervertidos” y prometió tomar cartas en el asunto para devolverle la credibilidad al sistema.
Giménez no se anduvo con rodeos: “Los represores no encontrarán tranquilidad en Estados Unidos”, advirtió, dejando claro que casos como el de Alfaro no pasarán desapercibidos.
Un silencio que grita
Por ahora, Amalio Alfaro Matos no ha dicho ni esta boca es mía. No ha salido a dar su versión, ni a responder públicamente a las múltiples acusaciones que pesan sobre él. Pero mientras tanto, el debate sigue creciendo, y no solo en redes sociales.
Para muchos exiliados, ver a antiguos jueces, fiscales o agentes de la Seguridad del Estado viviendo cómodamente en Estados Unidos es un golpe en el estómago. Como dice Quiñones, “es una burla para quienes siguen presos, exiliados o separados de sus familias solo por pensar diferente”.
El caso del exjuez de Guantánamo no es uno más. Es una muestra clara de que, aunque algunos cambien de geografía, no todos logran dejar atrás sus sombras. Y en un país como Estados Unidos, donde la justicia y la memoria tienen peso, esas sombras pueden convertirse en un problema serio.
