En un vuelo poco común y con escala en Sudán del Sur, dos ciudadanos cubanos con un historial criminal de película fueron deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, marcando un nuevo episodio en las polémicas políticas de repatriación impulsadas por la administración Trump.
El vuelo, gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), transportaba a ocho extranjeros con condenas por delitos graves, incluyendo asesinatos, secuestros y agresiones sexuales. Entre ellos, los cubanos Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones destacaban por su extensa lista de delitos.
Arias-Hierro, capturado el 2 de mayo de 2025, había sido condenado por homicidio, robo a mano armada, secuestro y hasta suplantación de identidad. Rodríguez-Quiñones, arrestado apenas dos días antes, cargaba con acusaciones por intento de asesinato con arma, agresión, hurto y tráfico de perros. Sí, como lo lees, hasta en eso andaba metido.
Desde ICE, su director interino, Todd Lyons, defendió la maniobra diciendo que estos individuos representaban una amenaza real para la seguridad nacional. Según explicó, aunque algunos ya habían cumplido años tras las rejas, los países de origen se negaban a aceptarlos, por lo que no quedó más remedio que buscar un “tercer país”.
«Nos tocó encontrar una solución porque no podemos dejar a estos depredadores sueltos por las calles», soltó Lyons en conferencia de prensa. Y remató con un mensaje claro: con Trump de vuelta en la Casa Blanca y bajo la batuta de la secretaria Noem, ahora tienen más herramientas para actuar incluso cuando otros gobiernos no cooperan.
Aunque el vuelo salió de Texas y aterrizó en Sudán del Sur, no está claro si ese país africano será el destino final de los deportados. De hecho, solo uno de los pasajeros era originario de allí. Los demás venían de Cuba, México, Vietnam y Birmania. Es decir, el avión era un verdadero rompecabezas internacional.
Lo curioso es que un juez federal en Boston ya ordenó mantener bajo custodia a los deportados, mientras se analiza si esta operación violó alguna orden judicial previa. La jugada ha encendido el debate legal en EE. UU., donde crecen las dudas sobre si estos vuelos respetan el debido proceso y los derechos humanos.
Deportaciones a terceros países: una estrategia controversial
Este tipo de medidas forman parte de una nueva línea migratoria impulsada por Trump, que propone enviar a inmigrantes no deseados a países dispuestos a recibirlos, sin importar si son o no sus naciones de origen.
Uno de los aliados más activos en esta movida ha sido El Salvador. A principios de 2025, Trump firmó un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para aceptar a migrantes de distintas nacionalidades, incluidos aquellos con antecedentes penales. Todo bajo el paraguas de lo que llaman “Tercer País Seguro”.
Pero, como era de esperarse, la estrategia no ha pasado desapercibida. En abril, un juez federal abrió un proceso por desacato contra el gobierno estadounidense por intentar enviar a más de 200 migrantes venezolanos a una megacárcel en El Salvador, pese a una orden judicial que lo prohibía.
Este tipo de medidas ha encendido las alarmas, tanto dentro como fuera de EE. UU., al cuestionarse la legalidad y la ética de deportar a personas a países donde podrían no tener vínculos ni garantías. Además, pone en jaque la relación entre el poder judicial y el ejecutivo, cada vez más tensa bajo esta política migratoria radical.
En resumen, la historia de estos dos cubanos no solo refleja una operación migratoria inusual, sino que también destapa los entresijos de una política que busca resolver problemas internos a costa de la estabilidad internacional… y de los derechos de quienes, aunque con antecedentes graves, siguen siendo seres humanos con historias que merecen ser contadas.
